Puerto Lumbreras

El PSOE de Puerto Lumbreras exige más mejoras para los abogados del turno de oficio y el PP se posiciona en contra

Los populares no aceptan una enmienda de adición que completaba su moción para exigir el pago inmediato de las retribuciones debidas a los abogados de oficio

La portavoz, María Rosa García, aclaró que "desde el grupo municipal socialista consideramos que el turno de oficio en España no solo adolece del problema de la tardanza en el pago de las indemnizaciones, cuestión que lamentablemente se remonta a tiempos inmemoriales, y que el PP nunca ha reclamado cuando gobernaba Rajoy. Y con respecto a los populares de Puerto Lumbreras, no entendemos por qué razón han podido votar en contra de una enmienda que completa su moción. Por supuesto, los socialistas hemos votado a favor de la propuesta del PP en defensa de los derechos del colectivo, pero no entendemos por qué no han aceptado que completemos su moción exigiendo otras mejoras que son tan necesarias, Es una pena que el equipo de gobierno no esté a la altura para aceptar las propuestas de otros partidos de la oposición, y más cuando deberían conocer muy bien cuál es la realidad en el día a día de estos profesionales".

Los socialistas señalan en su enmienda que la división en zonas autonómicas y las denominadas como territorio común sufren grandes diferencias en cuanto la cantidad de dichas indemnizaciones. De tal modo, con datos de 2020, observamos que con respecto a la retribución media en euros por asunto y autonomía, los abogados de la Región de Murcia y, por tanto, los del Partido Judicial de Lorca son los sextos peores pagados de toda España con una cantidad media de 149,50€ por expediente, menos de la mitad de los 311,30 € del País Vasco.

Según la portavoz: "A los abogados se les atribuyen unas gestiones administrativas impropias de la profesión. De tal modo, se les obliga, para poder recibir dichas indemnizaciones, a recoger en el momento de las asistencias, DNI, rellenar carpetillas, formularios, hojas de protección de datos y un largo etcétera, todo ello para la prestación de un servicio público cuya gestión no puede recaer en la figura de los abogados. ¿Se imaginan a una doctora o un médico en un hospital, justo al ejercer su labor recogiendo y fotocopiando el DNI o rellenando un formulario para atender medicamente a alguna persona? Igual de incomprensible es para los abogados, máxime cuando muchas veces el justiciable es quien no facilita la documentación necesaria".

"Por ello, presentamos la enmienda de adición para solicitar dos cuestiones. En primer lugar, que el Gobierno de la Nación realice un aumento de las cuantías de las indemnizaciones a los profesionales del turno de oficio (abogacía y procura), que corresponda como mínimo a la subida del IPC anual. Y en segundo lugar, proponemos que se realice un protocolo de actuación para que la Administración recabe de oficio la documentación necesaria, liberando a los profesionales de la abogacía de su labor de recopiladores de documentación, que puede impedir el cobro de las indemnizaciones por sus actuaciones".

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