Puerto Lumbreras

IU Puerto Lumbreras solicita que se facilite información y asesoramiento técnico y jurídico ante la llegada del tren de Alta Velocidad

Izquierda Unida de Puerto Lumbreras solicita al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que facilite a todos los propietarios afectados por el proyecto del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, que transcurre por el termino municipal de Puerto Lumbreras, la información y asesoramiento técnico y jurídico necesario con carácter gratuito, para una mejor defensa de sus intereses.

Recientemente el Ministerio de Fomento, a través de Adif, anuncio la licitación de la redacción del proyecto de construcción del tramo Lorca-Almendricos, perteneciente al Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad (trayecto Murcia-Almería). El tramo que sale a licitación tiene una longitud de 14 kilómetros aproximadamente y discurre por los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras, incluyéndose en el proyecto entre otras acciones, la adecuación de la estación de Puerto Lumbreras.

Para Víctor Romera, Coordinador Local de Izquierda Unida de Puerto Lumbreras “es necesario habida cuenta de la puesta en marcha de esta iniciativa por parte del referido Ministerio, y teniendo en cuenta que este proyecto pasará por nuestro termino municipal y afectará a un importante número de vecinos e incluso empresas, que desde la Corporación Municipal, se establezca la creación de un servicio de asesoramiento a todos los afectados, de carácter gratuito, poniendo a disposición de los vecinos los servicios técnicos y jurídicos que sean necesarios, ya que en muchas ocasiones los procesos de expropiación y afectación de terrenos que llevan aparejados esta iniciativas no son todo los trasparentes que debieran.” Como ejemplo de lugares donde ante esta misma situación se están produciéndose problemas, tenemos a la pedanía lorquina de La Hoya, donde más de un centenar de vecinos y a su vez afectados por el citado proyecto de Alta Velocidad, han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, un recurso contencioso administrativo, al entender que el expediente de expropiación forzosa contiene irregularidades, que ha sido admitido a trámite.

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