La entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales no admite interpretaciones laxas ni aplicaciones selectivas. Se trata de una norma de obligado cumplimiento que establece responsabilidades claras para comunidades autónomas y entidades locales. Sin embargo, a día de hoy, persiste una brecha inaceptable entre el mandato legal y la actuación real de numerosas administraciones públicas, que continúan eludiendo sus obligaciones en materia de gestión de colonias felinas y protección animal.
En este contexto, resulta especialmente grave el abandono institucional al que se está sometiendo al voluntariado. Lejos de articular sistemas públicos estructurados, con financiación, cobertura jurídica y protocolos definidos, muchos ayuntamientos siguen delegando de facto estas competencias en ciudadanos que actúan sin ningún tipo de respaldo. Son estas personas quienes, diariamente, garantizan la alimentación, el control sanitario y la supervivencia de animales abandonados, asumiendo costes económicos que corresponden inequívocamente a la administración.
No se trata de una colaboración voluntaria en sentido estricto, sino de una sustitución encubierta de funciones públicas. El gasto en alimentación, tratamientos veterinarios y medicación es asumido íntegramente por los voluntarios, mientras las administraciones alegan insuficiencia presupuestaria para justificar la inacción. Esta argumentación no solo es insuficiente, sino jurídicamente cuestionable: la falta de dotación económica no exime del cumplimiento de una ley vigente.
A ello se suma una realidad aún más preocupante: la desprotección física y jurídica de quienes desarrollan estas labores. Se han registrado episodios de amenazas, hostigamiento y agresiones contra voluntarios en el ejercicio de tareas que deberían estar amparadas y reguladas por los poderes públicos. En lugar de ofrecer protección, algunas administraciones han optado por la pasividad, cuando no por la incoación de expedientes sancionadores contra quienes alimentan o cuidan colonias en ausencia de alternativas municipales.
El incumplimiento del método CER (captura, esterilización y retorno), expresamente contemplado como herramienta de control poblacional, es otro de los indicadores del fracaso en la aplicación de la norma. La negativa reiterada a ejecutar campañas de esterilización bajo el pretexto de falta de recursos no solo perpetúa el problema, sino que incrementa el gasto futuro y agrava los conflictos vecinales. Es, en términos de gestión pública, una decisión ineficiente y contraria al interés general.
Las comunidades autónomas, como garantes del desarrollo normativo, no pueden mantenerse al margen. Les corresponde ejercer funciones de supervisión, inspección y, en su caso, sanción frente a los municipios que incumplen de forma sistemática sus obligaciones. La inacción autonómica, en este sentido, contribuye a consolidar un modelo de dejación de funciones que vulnera tanto la legislación vigente como los principios básicos de responsabilidad pública.
Es imprescindible, por tanto, una respuesta institucional inmediata y coordinada. Esto implica dotación presupuestaria real, implementación obligatoria de programas CER, creación de registros oficiales de colonias y personas cuidadoras, y establecimiento de mecanismos de protección efectiva para el voluntariado. Cualquier otra actuación seguirá perpetuando un sistema basado en la precariedad, la improvisación y la transferencia indebida de responsabilidades.
La Ley de Bienestar Animal no puede convertirse en una declaración simbólica sin efectos prácticos. Su incumplimiento reiterado por parte de administraciones públicas no solo debilita el Estado de Derecho, sino que traslada a la ciudadanía el mensaje de que las obligaciones legales son opcionales.
Frente a esta realidad, la pregunta ya no es si se puede actuar, sino por qué no se está haciendo. Y, sobre todo, quién asume la responsabilidad de seguir mirando hacia otro lado.
Jose Antonio Carbonell Buzzian