Lo ocurrido el pasado miércoles 21 supone, sin duda, una batalla ganada dentro de esta cruenta guerra de intereses que mantiene la Unión Europea contra su propio sector primario. Una victoria parcial y temporal, pero necesaria, frente a un acuerdo que amenaza directamente la supervivencia de agricultores y ganaderos.
Los dos grandes bloques europeos, el PPE —con nuestro PP nacional integrado en él— y los socialdemócratas, representados en España por el PSOE, han dejado clara su apuesta: cambiar industria por alimentos. Todo lo demás es simple parafernalia política.
Tras años desmontando la industria europea al amparo de la llamada Agenda 2030 y desplazándola a países asiáticos para "no contaminar" en Europa, ahora se sorprenden de la dependencia exterior que padecemos, algo que ya quedó en evidencia durante la pandemia de la COVID-19. La respuesta no ha sido rectificar, sino intentar recuperar el tejido industrial europeo a costa de sacrificar definitivamente al sector primario.
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo recién firmado con MERCOSUR respeta los Tratados de la Unión Europea. La iniciativa salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, apenas cuatro días después de la firma del acuerdo. En España, los partidos que apoyaron la moción fueron VOX, SUMAR, ERC y BNG, mientras que PP, PSOE y PNV votaron en contra. Resulta especialmente llamativo que, tras este posicionamiento, desde el PP de la Región de Murcia se siga afirmando que "la hoja de ruta del Gobierno regional la marcan los agricultores y ganaderos". Una afirmación que, a la vista de los hechos, no es más que una sucesión de medias verdades y un ejercicio de cinismo político hacia un sector exhausto.
Con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá analizar la base jurídica tanto del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR como del acuerdo interino comercial entre la Unión Europea y Chile, cuya competencia corresponde exclusivamente a la UE. Hasta que el tribunal emita su dictamen, la Eurocámara no podrá someter el acuerdo a votación en el pleno, aunque los eurodiputados continúen analizando el texto.
Pese a ello, la Comisión Europea podría avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial si al menos un país de MERCOSUR completa su proceso de adopción. Entre los aspectos más controvertidos figura el mecanismo de reequilibrio, que permitiría a los países del bloque sudamericano impugnar legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones, poniendo en cuestión la autonomía reguladora de la UE y sus propios Tratados.
El Tribunal de Justicia estima que este tipo de dictámenes puede demorarse alrededor de dos años. ¿Qué se ha conseguido, por tanto, con la entrada en juego del TJUE? Fundamentalmente dos cosas: retrasar durante al menos dos años la aplicación de este tratado de libre comercio y, al mismo tiempo, dejar al descubierto la doble vara de medir del PP y PSOE, que en Europa avalan decisiones que perjudican gravemente al sector primario mientras en España simulan defenderlo.
Ambos partidos han perfeccionado el arte de decir una cosa en Bruselas y la contraria en nuestra Región. Ofrecen falsas esperanzas a un sector que ya agoniza, asfixiado por trabas burocráticas, normativas imposibles y una competencia desleal alentada desde las propias instituciones europeas. Acuden a actos y concentraciones agrícolas, pero más pendientes de la fotografía que de soluciones reales. Actúan como auténticos fariseos, "hipócritas que buscan la admiración humana".
Quiero aprovechar para felicitar el trabajo de eurodiputados, diputados, concejales y voluntarios de VOX que sí están defendiendo, sin complejos, al sector primario y la supervivencia del mundo rural, hoy más amenazado que nunca.
José García Martínez