Un asesor jurídico especializado en seguridad con más de 15 años de experiencia denuncia la práctica actual de establecimiento de servicios mínimos en el sector de seguridad privada, alegando la "flagrante vulneración" de múltiples derechos fundamentales.

Fundamentos de la Denuncia

En su escrito, el asesor detalla cuatro violaciones concretas al marco jurídico:

1. Artículo 28 de la Constitución Española: "El derecho de huelga queda vaciado de contenido cuando se imponen servicios mínimos del 80% en instalaciones críticas. Se convierte en un derecho teórico sin capacidad real de presión".

2. Artículo 24 de la Constitución: "La falta de motivación suficiente en los decretos de servicios mínimos impide el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial. No podemos recurrir lo que no está debidamente justificado".

3. Carta de Derechos Fundamentales de la UE: "El artículo 28 reconoce expresamente el derecho de negociación colectiva, que queda anulado por la imposición unilateral de condiciones que hacen ineficaz la acción sindical".

4. Principio de Proporcionalidad Comunitario: "Los servicios mínimos deben ser estrictamente proporcionales al fin perseguido. ¿Es proporcional un 80%? Los tribunales tendrán que determinarlo".

Precedentes Peligrosos

El asesor alerta sobre las consecuencias de esta práctica: "Estamos sentando un precedente peligrosísimo: que un derecho fundamental puede ser vaciado de contenido mediante una resolución administrativa. Si se permite en seguridad privada, ¿qué impedirá aplicarlo en otros sectores esenciales como la sanidad o la educación?".

Efectos Prácticos Inmediatos

La denuncia busca no solo el reconocimiento de la ilegalidad, sino también la reparación práctica:

· Suspensión inmediata de los servicios mínimos no motivados

· Establecimiento de un diálogo real para negociar porcentajes proporcionales

· Creación de una mesa de trabajo ministerial permanente sobre el sector

· Compensación por los perjuicios causados a los trabajadores

Un Llamado a la Coherencia Institucional

"El Ministerio del Interior no puede ser juez y parte -señala el asesor-. Si realmente considera estratégico el sector, debe abordar sus problemas estructurales, no limitarse a silenciar sus protestas. La seguridad de todos merece más coherencia y menos imposición".

Jose Antonio Carbonell Buzzian. Asesor, Consultor y Auditor