Este importantísimo documento está generando gran expectativa en el sector, prometiendo una actualización necesaria de las normativas actuales y una mayor profesionalización de los servicios. Sin embargo, su publicación se está retrasando considerablemente, generando interrogantes sobre los motivos que puedan existir detrás de todo esto. Las implicaciones en esta demora para el sector sobre un marco normativo actualizado genera incertidumbre entre las empresas de seguridad, que se ven obligadas a operar bajo un reglamento obsoleto con lagunas legales.
Esta falta de transparencia en esta normativa puede desincentivar la inversión en nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en el ámbito de la seguridad. Un Reglamento desactualizado puede no ser capaz de responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad, poniendo en riesgo a personas y bienes.
Esta demora ante la publicación de esta herramienta resulta un tema que no solo preocupa a la industria de la seguridad, sino también a la sociedad en general. Por ello me quiero dirigir, a la Delegada del Gobierno de Ceuta Cristina Pérez, para hacerle una petición respecto a cómo se están desarrollando los trámites para poder contar con un marco normativo moderno y adaptado a las necesidades de estos profesionales, además de poner una fecha sobre la mesa para que este Reglamento vea la luz.
No solo está generando inquietud entre los diferentes actores del sector. En particular, los abogados especializados en seguridad privada, están expresando su preocupación por las posibles razones detrás de este retraso y sus implicaciones para este sector. Según expertos a los que he consultado, la falta de transparencia en torno a los motivos que están llevando al retraso de la publicación del nuevo Reglamento, genera posibles especulaciones sobre posibles intereses ocultos. Algunos de estos abogados sugieren que ciertos grupos de presión, ya sean empresas del sector o entidades públicas, podrían estar buscando dilatar la entrada en vigor de una normativa que pudiera afectar a sus intereses económicos y políticos.
Los posibles intereses de entidades públicas en dilatar la salida del nuevo Reglamento de Seguridad, implica inversiones significativas en equipos, capacitación, y adaptación de infraestructuras. Las entidades públicas especialmente en estos tiempos de crisis económica, están buscando evitar estos gastos.
La nueva implementación de nuevas normas de seguridad puede exigir una reasignación de recursos, lo que podría implicar una reducción de otros servicios públicos.
Intereses políticos a corto plazo, medidas que pueden ser impopulares entre ciertos sectores de la población o empresas. Los dirigentes podrían evitar implementar estas medidas para no perder votos o apoyo empresarial.
Lo que les tendría que quedar claro a estos políticos es que cada vez están más cerca las elecciones generales, por lo cual pueden ser más reticentes a la hora de tomar decisiones que puedan generar controversia y perjudicar sus posibilidades de elección.
Evidentemente, las prioridades legislativas sobre este tema tan importante para todos, lo están relegando a un segundo plano con el problema tan grave que conlleva, ya que se está jugando con la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Si bien, es comprensible que las entidades públicas deben sopesar cuidadosamente las implicaciones de cualquier normativa, es fundamental garantizar que la seguridad de las personas no se vea comprometida por intereses particulares.
José Antonio Carbonell Buzzian. Auditor, Consultor y Asesor de Seguridad.