Es la comisaria en peor estado de la Región de Murcia, el edificio pertenece al cuerpo desde 1978 y su última remodelación de calado se hizo en los años 80. Este inmueble se encuentra en un estado lamentable, poniendo en riesgo a los agentes y ciudadanos, obsoleto con espacio insuficiente ya que no cumple con las necesidades de una población en constante crecimiento.
La falta de infraestructuras es evidente, no hay un espacio adecuado para realizar trámites como la obtención del DNI o pasaporte, obligando a los ciudadanos que acuden a ella (vecinos del municipio y personas de pedanías donde no cuentan con comisarías) para hacer estas gestiones a esperar al aire libre, expuestos a las inclemencias del tiempo de nuestra Región. Este problema de falta de espacio y recursos dificulta la prestación de un servicio de primera calidad.
Este inmueble lo debemos convertir en un tema de debate urgente entre los vecinos y las autoridades locales. Su estado actual, caracterizado por instalaciones viejas, está poniendo en evidencia la necesidad de una solución apremiante. La pregunta que surge ante esta situación es ¿a quién le corresponde tomar la decisión sobre su traslado o rehabilitación?
Las competencias se encuentran divididas por diferentes actores. El Ayuntamiento de Alcantarilla, si bien tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, la decisión final sobre la ubicación y las características de la comisaría suele estar en manos de otras instituciones, sin embargo, el Ayuntamiento puede ejercer presión y plantear propuestas.
Delegación del Gobierno de Murcia representa al gobierno central en la región y tiene competencias asignadas en materias de seguridad. Es la encargada de gestionar los recursos destinados a las fuerzas y cuerpos de seguridad y por tanto, tiene un papel fundamental en la toma de decisiones sobre esta comisaria.
En última instancia, el Ministerio del interior es el que tiene la potestad de autorizar y financiar la construcción o reforma de este inmueble en particular.
Los vecinos de Alcantarilla llevan años exigiendo una solución a este problema y han presentado numerosas quejas ante las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no han logrado avance alguno. Esta desidia es un claro ejemplo de la falta de inversión en infraestructuras públicas y de la burocracia que impide dar una respuesta adecuada a las necesidades actuales de los ciudadanos. Es fundamental que todas las instituciones implicadas trabajen de forma coordinada para encontrar una solución urgente a este problema. Alcantarilla no puede seguir esperando más.
Hay que tener muy claro que las comisarías son el primer frente de lucha contra la delincuencia. Son el lugar donde se reciben denuncias, se investigan delitos y se coordina la respuesta policial, sin embargo, muchas de estas instalaciones de nuestro país se encuentran en un estado lamentable, obsoletas y sin condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y eficiencia de sus agentes en el desarrollo de sus labores. Estas instalaciones suelen almacenar pruebas y evidencias que pueden contener sustancias tóxicas o peligrosas en inmuebles antiguos como es el caso de la comisaría de Alcantarilla, la falta de ventilación adecuada y la ausencia de protocolos de seguridad pueden exponer a los policías a riesgos de salud. Posibles riesgos de incendios, ya que las instalaciones eléctricas son obsoletas y la acumulación de material inflamable aumenta el riesgo de incendios comprometiendo a su vez la seguridad de los agentes por situaciones de peligro de emergencia.
Una imagen institucional que transmite el abandono y la desidia que puede minar la confianza de los ciudadanos en nuestras fuerzas de seguridad.
José Antonio Carbonell Buzzian. Auditor, asesor y consultor.