Las medidas contra la inflación que ha puesto en marcha de manera triunfalista el Gobierno de la nación harán que las familias ahorren 3,5 euros a la semana aproximadamente. Con estas cifras, si uno de los miembros de la familia se desplaza a otra población cercana a trabajar se perdería ese ahorro y se gastaría algún euro más en el transporte por carretera. En definitiva, son ayudas económicas ínfimas que no sirven para sacar del atolladero a millones de personas y familias españolas. Además con la desventaja o el inconveniente de que se tramitan dentro de varios meses y que, por tanto, mientras esto sucede una considerable parte de la gente tiene que arreglarse como buena o malamente pueda, hasta que le llegue la misérrima ayuda. La desaparición del IVA de los alimentos básicos no es suficiente para paliar realmente la situación de subida de precios de los productos de alimentación básicos, que son más de los que indica el Gobierno español. Además, el pescado, la carne y los yogures están fuera de la rebaja del IVA. Otro despropósito. Son medidas demasiado conservadoras, diría que son casi una especie de limosna. Los ciudadanos españoles pagamos religiosamente los impuestos y no nos merecemos este trato.
Al haber millones de españoles que lo están pasando mal o muy mal económicamente para poder vivir con dignidad, el denominado estado del bienestar debe hacer honor a su nombre y responder de otra manera. En un estado social de derecho, como es nuestro país, se entiende que debe cumplirse lo que dice nuestra Constitución que remarca la suficiencia económica, como garantía de que ningún español o ciudadano que viva en nuestro territorio, tiene que sufrir las consecuencias de una alimentación deficiente y unas condiciones de vida inadecuadas, por falta de unos ingresos mínimos, que le permitan vivir dignamente y con calidad de vida.
En mi opinión, lo más eficiente es que el Gobierno español cambie de estrategia en la lucha contra la pobreza y la marginación que supone, tomando medidas inmediatas y que las ayudas económicas sean considerablemente mayores y lleguen a los que las necesitan en menos de diez días, desde que se remiten las solicitudes al organismo correspondiente. A mi juicio, las ayudas no tendrían que bajar de los 500 euros y podrían ser superiores, en función de las necesidades económicas de las familias o las personas. Incluso se podría plantear que se diera durante todo el año 2023 un ingreso mínimo vital cada mes a todos los ciudadanos que lo necesiten.
Sin ser necesario que acrediten con demasiados trámites burocráticos su situación. Es suficiente que, con un solo trámite telemático o presencial, se solicite el ingreso mínimo vital o la ayuda económica, para simplificar las peticiones. Porque la Administración Pública ya posee procedimientos de control e investigación más que suficientes, para evitar el fraude y la picaresca y aplicar sanciones en esos casos.
Por tanto, se trata de aplicar el sentido común y especialmente que el Gobierno sea consciente de que la tremenda crisis económica que está padeciendo Europa, no se soluciona con parches y declaraciones de intenciones. Hacen falta medidas contundentes y no se están aplicando. Echar la responsabilidad de lo que está sucediendo a la guerra de Ucrania no soluciona los graves problemas económicos de numerosos españoles. Tal vez haya que replantearse la idoneidad del Estado de las autonomías e ir hacia otro modelo político más centralista, que no gaste tanto dinero en excesivos cargos públicos y políticos, muchos más que en otros países de nuestro entorno como Alemania, con una población que casi duplica la española.
Una política de gasto más racional, por parte del Gobierno, es indispensable y si no es suficiente, se pueden subir más los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas, para que reviertan una parte de sus desproporcionados beneficios en los ciudadanos a través, por ejemplo, de una renta mínima que reciban los que realmente la necesitan en algún periodo de sus vidas. La justicia social no es una utopía ya que es algo realizable, con planteamientos políticos similares a los propios de los países nórdicos, que tienen unas cargas impositivas muy altas para una parte de los ciudadanos y de las empresas. Este es el método más apropiado, ya que también es a la vez un modo útil de redistribuir la riqueza que produce cada país. De eso se trata.
El endeudamiento de España ya es un hecho, porque se incremente más no va a pasar nada. Lo que no se debe permitir es que, una parte de los españoles, no se pueda alimentar y vivir decentemente, porque el Gobierno no se atreva a tomar medidas más efectivas, similares a las que he propuesto.