Un juez de Madrid ya ha dictado sentencia aplicando las normas europeas y ordena crear plazas fijas para 22 maestras interinas que estaban en abuso de temporalidad como interinas y ha anulado unas oposiciones. Y desde hace meses se han conocido más sentencias en un sentido similar. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo tiene que cumplirse, ya que es de obligado cumplimiento en España. Es la aplicación del Derecho Europeo que es muy claro al respecto.

Todavía no existe una figura legal en nuestro país en relación con la fijeza, que exigen numerosos funcionarios interinos que llevan trabajando encadenando contratos durante 10, 15, 20, 25 o 30 años. Ya está bien.

Las sentencias europeas al respecto son para obedecerlas, por parte de la Justicia española y también por parte del Gobierno. Los partidos políticos también deben ponerse de acuerdo y tomar decisiones que acaben con el fraude de ley, que afecta gravemente a los interinos.

El Icetazo no respeta lo escrito en la sentencia europea y esto es muy grave. Debería intervenir la Unión Europea y tomar medidas sancionadoras, de tal forma, que se obligara a cumplir la letra de la sentencia sobre el abuso de temporalidad que están sufriendo muchísimos interinos en España.

Hay sentencias ganadas por los interinos en fraude de ley. Es pensable que esto mismo cree jurisprudencia. Pero, lo decisivo es que se regule legalmente que, por ejemplo, a partir de 5 o 10 años de contratos continuados se puedan convertir en trabajadores indefinidos o fijos.

Los interinos que han pasado la barrera de los 55 o 60 años y llevan trabajando, de modo continuo, más de 20 años tienen que convertirse en indefinidos. Hasta lo reconocen juristas del más elevado nivel y prestigio. Han demostrado su capacidad participando en oposiciones y también desempeñando una labor magnífica a lo largo de varias décadas. Los más de 800.000 interinos ya no necesitan demostrar su valía, está más que acreditada y certificada.

Los jueces españoles están obligados a cumplir esta sentencia europea sobre el abuso de temporalidad y el margen de interpretación es muy reducido. El poder ejecutivo central también no debe interpretar mal y a su capricho la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

La solución no pasa por imponer un sistema de oposiciones, que no cumple lo establecido muy claramente en la sentencia. Los colectivos de interinos en España están luchando con toda su energía y de forma pacífica para que se respeten sus derechos y que se dé fijeza a los que llevan trabajando bastantes o muchos años de modo continuo.

La situación de fraude de ley debería solucionarse lo más pronto posible convirtiendo en fijos a los que reúnen las condiciones ya expuestas. Así de simple y rotundo. Las jubilaciones renuevan las plantillas y también facilitan más el acceso a los jóvenes a los puestos de trabajo. Hay trabajo para todos, pero es preciso hacer las cosas bien y respetar los derechos de todos.

Si no se cumplen las sentencias europeas no se está respetando lo que dice una instancia judicial de primer nivel. El Derecho Europeo no debe ser papel mojado o ser aplicado y ejecutado si le interesa al Gobierno. A ver si hay seriedad en la actividad política en este país. Ante las sentencias judiciales no valen interpretaciones para dejar de cumplirlas.

Sería lamentable y vergonzoso que la justicia venga de Europa, porque en España no se quiere hacer caso de lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo. Y parece que es lo que va a suceder, según dicen algunos expertos.

Las indemnizaciones a los interinos no son la panacea. Porque son ridículas en la cuantía económica y también si se piensa que no solucionan el problema de fondo que es el abuso de temporalidad y los inmensos daños causados durante décadas a muchos interinos afectados. Esta es la realidad y no es posible ocultarla.

Se entiende perfectamente que haya movilizaciones en todo el país y huelgas, ya que es una situación sangrante e intolerable en un país que se considera democrático y en el que impera la ley.

Los tres poderes del Estado tienen unos límites y unas responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. El cumplimiento de las sentencias europeas es obligado y no se está haciendo. Esto indica que existe un déficit democrático y legal que no es admisible.

Sería positivo, en mi opinión, que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre esta cuestión de una manera clara y rotunda. Y que estableciera una hoja de ruta urgente para la aplicación estricta en España de medidas inmediatas que acaben totalmente con el abuso de temporalidad siguiendo lo escrito en la sentencia europea.