El acuerdo entre PSOE y ERC es aparentemente inocuo pero contiene los elementos suficientes para que nos planteemos cómo afecta al cumplimiento o incumplimiento de nuestro texto constitucional. En la misma introducción ya surgen dos dudas nada baladíes:

En primer lugar, el reconocimiento por el PSOE de la existencia de un denominado conflicto político, puesto que la contraparte siempre ha utilizado esta denominación para plantear la secesión de Cataluña. Un conflicto político entre el Gobierno de la nación y una Autonomía lo sería sobre el estado de las competencias que se le atribuyen o a propósito de una diferente interpretación sobre la aplicación del respectivo Estatuto de Autonomía. Diferencias de este tipo ha habido bastantes sin que pongan en riesgo la integridad del territorio nacional.

En segundo lugar, la asunción por el PSOE de la bilateralidad entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, lo que parece poner en pie de igualdad la parte con el todo, y esto supone un riesgo que, por la misma lógica que sustentan, puede hacerse extensivo a todas las entidades y niveles institucionales de nuestro país.

En relación con el futuro político de Cataluña que está suficientemente definido en el marco del Estado de las Autonomías como recoge claramente nuestra Constitución, y que de ser necesario, lo que correspondería es modificar esta, tal y como le corresponde a un Estado democrático y de derecho como es el nuestro.

A continuación, nos encontramos un apartado lleno de buenas intenciones para su resolución mediante "cauces democráticos, el diálogo, la negociación y el acuerdo", poniendo a nuestro sistema judicial como un impedimento a todo ello, olvidando que el poder judicial forma parte ineludible del sistema democrático con la división de poderes. ¡Ay!, si Montesquieu levantase la cabeza…

Después un apartado aparentemente técnico y referido a la mecánica de cualquier mesa de trabajo y negociación, en su entradilla, llena de los ya reiterados adjetivos de buena voluntad, se reconoce la mutua legitimidad de las partes, lo que en sí mismo no dice nada, salvo que una de ellas, o lo que sería peor, ambas, se sientan legitimadas para violentar y transgredir preceptos y normas constitucionales. Tan solo aporta alguna esperanza el final del texto que dice "sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático ¨".

Una de dos, o esto es la gran colada del PSOE a ERC, dado que en nuestro ordenamiento jurídico democrático está suficientemente claro lo que la Constitución dice, o por el contrario, es tan solo palabrería en un texto inicuo que únicamente pretende violentar todo nuestro entramado institucional y democrático para saltárselo a la torera.

El penúltimo párrafo del acuerdo es el que tiene más miga al someter la validación de los acuerdos alcanzados a una "consulta a la ciudadanía de Cataluña".

Por ello en CONTIGO nos preguntamos lo siguiente, ¿es esto un referéndum encubierto? o por el contrario, ¿es una mera fórmula, sin capacidad ni validez jurídica para conocer y pulsar la opinión de los catalanes?

Podemos estar ante una obra de teatro en donde nada es lo que parece y se intenta dar gato por liebre a los ciudadanos independentistas catalanes o podemos estar asistiendo a la generación de una lógica en la que, apelando a la democracia directa, todos y cada uno de los territorios de nuestro país, y no solo a las autonomías, pueda decidir su pertenencia a la provincia, a la Comunidad Autónoma o al país, produciéndose de nuevo un "Viva Cartagena".

Seguramente hay quien diga que este último planteamiento es exagerado, sesgado y lleno de prejuicios, pero me parecería profundamente antidemocrático que lo que "en una pretendida defensa de la democracia se autoriza a unos, les sea negado a otros con los mismos intereses y deseos. En este país todos tienen que ser tratados por igual y no se pueden consentir privilegios de unas regiones sobre otras. Al menos, por eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando desde CONTIGO.

JOSÉ ENRIQUE AGUAR - Presidente Nacional de CONTIGO