La Asociación ha remitido una serie de alegaciones a la tramitación de las Directrices cinegéticas de la Región de Murcia, y considera que algunas propuestas no tienen encaje en la realidad social, económica, jurídica y ambiental.
Las Directrices prevén, como medida estrella, la privatización de la caza en Sierra Espuña, entregando la gestión a la Federación de Caza y favoreciendo la presencia del arrui.
ANSE confía en que esta vez las alegaciones presentadas sirvan para replantear la actividad cinegética en la Región de Murcia y adaptarlas a la realidad social y ambiental.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha remitido unas extensas alegaciones (10 páginas) a la propuesta de DIRECTRICES DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA y su correspondiente estudio ambiental estratégico planteadas por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. La Asociación valora el esfuerzo realizado por la Administración regional en elaborar un extenso documento, dando cumplimiento a una obligación prevista en la Ley Regional de Caza que arrastra un retraso de nada menos que 20 años. No obstante, la Asociación señala que determinadas propuestas del documento están fuera de lugar y son inasumibles desde el punto de vista social, económico, jurídico y ambiental.
En primer lugar, la Asociación quiere mostrar su rechazo frontal a una de las propuestas estrella de las Directrices que pasan por la recuperación de la Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña para su posterior entrega a la Federación de Caza, mediante una privatización del aprovechamiento cinegético del Parque Regional. Esta privatización incluye de forma implícita el fomento y la recuperación del arrui como recurso cinegético. Esta propuesta resulta incoherente con la catalogación del arrui como Especie Exótica Invasora, con la protección de Sierra Espuña como Parque Regional y Espacio de la Red Natura 2000 y con las propuestas del Gobierno Regional de fomento del turismo mediante su declaración como Parque Nacional. Esta propuesta requeriría modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña y modificar el estatus legal del arrui establecido en una sentencia del Tribunal Supremo sólo para satisfacer un interés deportivo particular, algo que esta organización considera inasumible en un espacio público protegido. Precisamente, la Junta Rectora del Parque rechazó en 2021 la caza del arrui en Sierra Espuña.. Además, ANSE recuerda que la gestión del arrui resulta absolutamente deficiente en la mayor parte de los cotos privados y que la Federación de Caza ha gestionado el coto vecino de la Sierra de la Tercia.. Además, ANSE recuerda que ya hubo una propuesta similar en el Refugio de Fauna "El Bebedor" cuya desclasificación se propuso para ser entregado también a la Federación de Caza para el aprovechamiento cinegético y que la Administración Regional se vió obligada a dar marcha atrás por la presión pública.
Otros aspectos relevantes que, a juicio de la Asociación deben plantearse, son la interacción entre la caza y los objetivos de conservación de la Red Natura 2000, ya que esta actividad se practica de forma generalizada en áreas protegidas. Las Directrices se limitan a asegurar el cumplimiento de la normativa de tales espacios sin ir más allá en aspectos clave tales como ungulados y afección a hábitats de interés comunitario, efecto de la caza sobre especies presa (conejo, perdiz) o el papel de los depredadores generalistas (zorro, urraca, por ejemplo) y de los zorzales en la dispersión de semillas y, por tanto, en la recuperación de hábitats de interés comunitario. El efecto de la munición de plomo en las poblaciones de rapaces es otro aspecto a evaluar y resolver en el marco de las directrices.
Otros aspectos señalados por la Asociación en las alegaciones son que las Directrices parten de un análisis sesgado y poco realista al asumir tópicos del sector cinegético, que tienen poco de realidad: "la caza como motor económico", "potencial económico del turismo cinegético", "mucha demanda" del arrui, etc. También se señalan algunas contradicciones en las propuestas al apostar por el fomento de las poblaciones silvestre pero reconocer las sueltas como un herramienta, "limitar la suplementación (alimentaria)" pero sin perjuicio de lo permitido por la ley o "potenciar la captura (....) (de depredadores) a cualquier gestor cinegético" pero " "Impulsar la figura de especialista (...)". Otros aspectos señalados por la Asociación han sido la necesidad de proteger a la tórtola europea y poner en marcha medidas de recuperación de la misma en el marco de la PAC. Otra propuesta fuera de lugar es que las Directrices llegan a plantear la movilización del ejército para, llegado el caso, controlar la población de jabalíes.
La Asociación recuerda que la gestión cinegética ha sido una continua fuente de conflictos con la Administración Regional que se viene plegando de forma sistemática a los intereses del sector cinegético en detrimento del interés general. Así el representante de las ONG ambientales de la Región de Murcia abandonó en 2019 el Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial hastiado por la inutilidad de las propuestas que se realizaban en el citado órgano consultivo y que se basaban en el conocimiento científico y técnico. Igualmente, ANSE señala que ahora mismo existe un procedimiento judicial abierto que investiga las aprobaciones de las órdenes de vedas sin el correspondiente trámite ambiental obligatorio por el Plan de Gestión de la Red Natura 2000 del Noroeste. Por todo lo anterior, considera que las Directrices deberían partir de un ejercicio de autocrítica y de análisis de la realidad actual.
Por todo lo anterior, ANSE pide al Consejero Juan María Vazquez que retire los aspectos inasumibles de las Directrices y se centre en los temas importantes: gestión de los hábitats de las especies cinegéticas, regulación de presión cinegética a la realidad biólogica de las especies y reducción de los impactos de la caza. La Asociación confía en que esta vez las alegaciones presentadas por las ONG ambientales sean tenidas en cuenta, pues en los últimos años la participación de las organizaciones apenas han tenido efecto en la tramitación, lo que convierte los procesos de participación pública en un mero trámite vacío de alcance.