El IMAS y la Consejería de Mujer se excusan con ser meros gestores de un dinero que les viene dado, por el Consejo de Gobierno, en las leyes de presupuestos regionales, pero esta dejación puede acelerar el hundimiento de los servicios sociales públicos
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha consumado su decisión de hacer inviables la gestión de los centros de servicios sociales de gestión pública con el cese masivo el pasado 30 de abril, de la mayor parte de los contratos de refuerzo vinculados al Covid.
Se vuelve a la situación anterior al 14 de marzo de 2020, con plantillas en servicios mínimos permanentes, con el deterioro imparable de la calidad del servicio prestado a las personas mayores y a los colectivos de discapacitados, con una edad media de las profesionales y profesionales de los centros sociales que superan los 55 años y que padecen limitaciones laborales derivadas de una ineficaz protección de su salud laboral.
Desde las transferencias de los servicios sociales a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 1996, se está asistiendo al deterioro de un servicio público esencial en cualquier Estado del Bienestar. Es norma que los acuerdos de descentralización entre el Estado y las comunidades autónomas obliguen al mantenimiento como mínimo de la calidad del servicio transferido. Esto no ha ocurrido en el caso del que estamos hablando, y la política del IMAS se ha basado en deteriorar como argumento para la privatización.
Los salvajes recortes de los servicios públicos a partir de 2010, y que se profundizaron a partir de 2012 con el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2012-2014 y sucesivos, ha llevado a una situación límite la viabilidad de centros ocupacionales, residencias de personas mayores y centros de día, recortando plantilla y limitando horarios de apertura de los mismos. Los recortes no parecen afectar, en contrario, a los centros concertados o privados.
No parece existir voluntad política ni plan coherente alguno en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social para fortalecer los servicios sociales como pilar básico de un estado del bienestar. Gestionar malamente ni es hacer política ni es tener una dirección política que tenga proyectos de futuro, incluso aunque estos sean contrarios a modelo de servicio público que defiende CCOO.
CCOO exige que los contratos para reforzar la lucha contra el Covid-19 se transformen en puestos de trabajo permanentes incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para su cobertura a través de la bolsa de trabajo correspondiente. Es el mínimo necesario para que los centros ocupacionales, las residencias de personas mayores y los centros de día sean viables. También exige la renegociación de las ratios de personal, la revisión de la Orden de Jornada especial de los centros de servicios sociales, la creación de equipos volantes de apoyo a los centros, y el refuerzo de personal de cocina, servicios y enfermería.