Desde la Sección Policial del Sindicato de Empleados Públicos de la Región de Murcia -SIME-, como sindicato mayoritario en el Cuerpo de Policía y resto de Servicios Municipales del Ayto. de Murcia, hemos denunciado la situación que ha padecido la policía desde que en los últimos 2 años, en la Jefatura de la Policía Local, además de la apertura de los expedientes, se asumió también la instrucción de los mismos, y por tanto de establecer la sanción, llegándose hasta el punto de que en el año 2020, de los 13 expedientes abiertos a todo el personal municipal, 11 de ellos fueron a policías, es decir, el 85% de todos los expedientes del Ayuntamiento.

Principalmente, los expedientes no se centran en problemas de servicios ante la ciudadanía, sino en cuestiones “internas”, en actos interpretados por el Jefe de Policía, que juzgados por los altos mandos que él mismo jefe escoge de entre sus directos subordinados, con el resultado, que los expedientes promovidos e instruidos en la Jefatura de la Policía, acabaron el 100% en sanción.

Estos días, otra sentencia judicial más, ha establecido la inocencia de un Inspector de Policía que había sido expedientado a propuesta del Jefe del Cuerpo por “haber usurpado sus funciones” al participar a nivel particular en una entrevista de perfil humano, que un medio de prensa escrita realizó en el inicio de la pandemia a trabajadores de servicios esenciales.

El instructor propuesto por jefe para juzgar, ya había sido objeto de reproche judicial, ya que además de anular la sanción a otro policía expedientado, la sentencia estableció que “la mera apertura del expediente había sido desproporcionada…”.

Instruyendo de forma desproporcionada con toda impunidad; lazos familiares entre instructores y otros altos mandos implicados ignorando la abstención que debiese regir; amenizado con frases como “seguramente tu tendrás razón pero deberás ir al juzgado y esperar años la sentencia”, marcaba claramente el mensaje a la plantilla, así como la impunidad con la que se destrozaba la vida profesional de los policías, motivo por el que desde el SIME cada día hemos denunciado públicamente, lo que consideramos era una situación de miedo y acoso permanente hacia los funcionarios policiales, quedando patente el grave riesgo psicosocial que estaba afectando al colectivo.

Preocupante resultó también que tanto el reseñado inspector así como otros, tuviesen en común que antes de ser expedientados, hubiesen presentado diferentes denuncias contra actos de jefatura o que simplemente hubiesen ejercido el derecho de petición, es decir, pedir un vehículo para trasladarse entre centros de trabajo.

Por todo lo anterior, debemos felicitar al actual Gobierno Municipal por corregir esta situación heredada del anterior equipo de gobierno, devolviendo la instrucción de expedientes a la Dirección del Servicio de Personal del Ayuntamiento, de donde nunca debió sacarlo el anterior gobierno municipal