Critican que el control administrativo “a posteriori” sobre la quema se convertirá en un coladero, y echan en falta medidas efectivas para atajar la contaminación provocada por las quemas agrícolas.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha presentado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CARMA) celebrado este miércoles, un proyecto de modificación de la Orden de 19 de octubre de 2017 por la que se dictan medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales.

Una norma que ya fue criticada por Ecologistas en Acción en 2017 al entender que “la Comunidad convertía una medida excepcional, como es la quema por riesgo fitosanitario, en un coladero para dar vía libre a la quema de residuos vegetales en explotaciones agrícolas sin ningún tipo de autorización previa o control”. 

Ahora la Comunidad pretende subsanar esa falta de control, y dar también mayor seguridad jurídica a los interesados y a las administraciones implicadas [1], pero los “controles” propuestos se reducen a una declaración responsable del productor y el informe de un experto en plagas, para autorizar de manera excepcional la incineración de los restos vegetales por riesgo fitosanitario.

A juicio de la organización ecologista, esto supone abrir la puerta de atrás para seguir con las quemas agrícolas, ya que solo es necesario presentar una declaración responsable al inicio de la quema y el permiso de la Autoridad de Sanidad Vegetal de la administración se sustituye por un asesor en gestión integral de plagas, que tendrá que pagar el agricultor, quedando el control de la administración reducido a un control “a posteriori”.

Para la organización ecologista es necesario que el control sobre la aplicación de la excepcionalidad (certificación de riesgo fitosanitario) recaiga sobre la autoridad en Sanidad Vegetal, y reclama una rectificación de Agricultura. También solicitan medidas eficaces para luchar contra este tipo de contaminación, así como una mayor coordinación entre la Comunidad Autónoma y los distintos municipios de la región afectados por las quemas agrícolas para impulsar, junto con las organizaciones agrícolas, medidas alternativas a la incineración como el triturado de podas y rastrojos para su uso como abono natural y manto vegetal.

Ecologistas en Acción no cree que  esta orden vaya a acabar con las quemas agrícolas, que siguen creciendo en la región, sin que la mayoría de ellas tenga una autorización por riesgo fitosanitario real y comprobado, y sin que se adopten las medidas oportunas para evitar episodios de contaminación derivados de estas quemas de rastrojos y residuos agrícolas. Para la organización ambiental, todavía no contamos con una gestión eficaz y no contaminante de los residuos agrícolas y es necesario una normativa y una actividad diligente de la Consejería que desarrolle alternativas a la quemas de rastrojos y podas, que lleva camino de convertirse en un problema de deterioro crónico de la calidad del aire en la región

[1] La Orden de 2017 vulneraba la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados. Esto fue señalado por un informe jurídico de la propia Comunidad Autónoma