El presidente López Miras preside el acto de firma del acuerdo, donde remarca que "no aceptaremos ni un solo recorte" y emplaza al Gobierno central a "garantizar el agua que nos corresponde y a defender los intereses de la agricultura en el ámbito europeo"

El documento incluye, entre otras cuestiones, la defensa de una agricultura profesional, las ayudas a los jóvenes y la participación activa de la mujer en el desarrollo del medio rural

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, presidió hoy la firma del acuerdo conjunto entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las organizaciones agrarias "para trasladar un mensaje claro y comprometido de unidad de la Región de Murcia en apoyo de una Política Agraria Común que siga haciendo posible nuestro desarrollo, nuestro presente y nuestro futuro".

El acuerdo, suscrito junto a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), recoge la postura común ante la negociación del próximo periodo de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027.

Al respecto, López Miras remarcó que "no aceptaremos ni un solo recorte" y mostró su preocupación de la reducción del 10 por ciento en el presupuesto de la PAC "ya que supondría contar con 140 millones de euros menos", algo que definió como "una amenaza inasumible".

Por eso, aseguró que "el Gobierno de la Región de Murcia va a defender al sector con uñas y dientes, y donde haga falta", y emplazó al Ejecutivo central a "garantizar el agua que nos corresponde y a defender los intereses de la agricultura en el ámbito europeo". En este sentido, el presidente explicó que "cuando hablamos del campo de la Región no nos referimos solo a un único sector, ya que se trata de un eslabón tan importante en nuestro desarrollo que cualquier debilidad repercutiría de forma inmediata en el día a día de un millón y medio de murcianos".

Principales puntos del acuerdo

El acuerdo recoge, como principales exigencias de cara al debate que próximamente iniciará el Parlamento Europeo, el rechazo absoluto al recorte de los fondos de la PAC de tal forma que quede garantizada la sostenibilidad del sector agroalimentario con la financiación necesaria en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Asimismo, se establece la defensa de una PAC que facilite el acceso de los jóvenes a la actividad y avance en la profesionalización del sector, asegurando la estabilidad y la innovación permanentes; así como la promoción de la participación activa de la mujer en las políticas para el sector agrario, que otorgue un mayor protagonismo a su papel en el desarrollo del medio rural.

Del mismo modo, Gobierno regional y sector agrícola apuestan por el impulso del cooperativismo como mecanismo de optimización de gasto y mejora de la capacidad comercializadora del sector primario, a lo que se suma la consideración de la formación, la innovación y el asesoramiento como claves del futuro.

En materia hídrica, el acuerdo apunta a la necesidad de una redistribución equitativa de los recursos a nivel nacional, así como una armonización de los precios del agua. Por último, se demandan fondos adicionales para ampliar las actuaciones en materia de cambio climático, que afecta de forma especial al sureste español.

El documento recoge también la preocupación ante otros grandes desafíos a los que se enfrenta el sector en el futuro inmediato, como el Brexit (debido a que la Región de Murcia exporta a Reino Unido el 20 por ciento de los productos que salen de la comunidad), o las políticas de aranceles, que deben tender a su desaparición o al establecimiento de mecanismos compensatorios para el sector agroalimentario.

Por último, Gobierno regional, UPA, COAG, Asaja y Fecoam exigen un mayor control de fronteras exteriores en el ámbito agroalimentario, de modo que los productores desarrollen su actividad en igualdad de condiciones, garantizando al mismo tiempo una alimentación segura y de calidad. Para todo ello se propone evaluar los aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios de todos los acuerdos comerciales, así como llevar a cabo un seguimiento continuo del comportamiento del mercado y de la evolución de la comercialización de los principales sectores agrarios que se vean afectados por acuerdos comerciales con terceros países.