117.000 millones de euros se movilizan desde el sector público, 83.000 millones de euros se movilizarán desde el sector privado

Para las familias: se destinan 600 millones de euros para servicios sociales, cuidado de mayores y dependientes; se asegura que ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda

Para los trabajadores: tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo los afectados por ERTEs aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido; podrán flexibilizar la jornada laboral por el coronavirus

Para los autónomos: se flexibiliza el acceso para recibir la prestación por cese de actividad

Para los empresarios: en caso de ERTEs, se les exonerará de la aportación de las cuotas de la Seguridad Social

Además, el Gobierno garantizará la liquidez a las empresas en el corto plazo para impedir eventuales problemas de solvencia en el largo plazo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática de España para hacer frente al impacto económico del coronavirus. El Ejecutivo ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, a través de un Real Decreto Ley que pone en marcha medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.   

“La meta será iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo”, ha explicado Sánchez. El objetivo es que “la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento”, ha añadido el Presidente.

El Gobierno apoya a los más vulnerables

El primer bloque de medidas del Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las CCAA y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.  

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. Todo ello para las familias vulnerables. 

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona en una situación económica difícil pierda su vivienda.

El Gobierno acompaña a las empresas que no despidan 

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. Para ello el Gobierno ha acordado que:  

- Los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.  

- Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.  

- Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.  

- En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social.

Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. 

El Gobierno aborda los problemas temporales de liquidez de las empresas 

El tercer bloque de medidas permite asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones. 

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.  

Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.   

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

El Gobierno moviliza recursos para desarrollar una vacuna 

El Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el COVID19. Por este motivo se van a dedicar  30 millones a la partida de investigación. Este dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia