Los concejales de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, Sergio Ramos y Nacho Tornel, han ratificado hoy, tras visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, su compromiso de trabajar por el cierre de estos espacios que "en la práctica funcionan como cárceles donde se criminaliza a las personas por su condición migratoria".
Los ediles, que se han entrevistado con el director del centro antes de conocer las instalaciones, han explicado que en la actualidad hay 97 internos, la mayoría llegados a España en patera, para un total de 99 plazas, 39 menos de las que había en un principio y que tuvieron que ser eliminadas porque la dirección del CIE detectó problemas de hacinamiento.
Por tanto, "sí ha habido problemas de masificación tal y como hemos venido denunciando durante mucho tiempo", ha asegurado Guerrero, quien ha denunciado, además, que la atención sanitaria en el centro es gestionada por una empresa privada y que el servicio de asesoramiento psicológico y jurídico no está activado, aunque los internos sí que pueden disponer de abogados de oficio.
La concejala de la formación municipalista ha informado también de que el propio director del CIE ha reconocido la necesidad de llevar a cabo mejoras en las instalaciones del centro, un espacio que, para Cambiemos Murcia, "no debería existir porque, como el resto de CIE, es un agujero negro del estado de derecho que trata a los seres humanos como delincuentes".
Cambiemos Murcia ha podido comprobar las muestras de gratitud de los internos hacia los trabajadores de Cruz Roja que realizan allí una labor de intermediación con la Policía Nacional. De hecho, algunos de estos empleados han informado a los ediles de la "actitud positiva" de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro en lo que respecta a la participación en actividades desarrolladas por esta entidad, como clases de español.
Política migratoria de la UE
Guerrero ha insistido en que la existencia de estos centros "únicamente puede ser explicada en un contexto de déficit democrático, jurídico y humano que solo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea" basadas en "los muros y el control de fronteras, para nada garantistas del cumplimiento de los Derechos Humanos".
De hecho, una última modificación en las políticas comunitarias relacionadas con la cooperación al desarrollo permite destinar el dinero dedicado a estas actuaciones a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), "un ejemplo más de que la apuesta de los gobiernos europeos se centra en reforzar los muros, en lugar de luchar contra la desigualdad".