La concejala de Cambiemos Murcia Margarita Guerrero ha pedido, a través de una moción que se debatirá en el Pleno de mañana, que el municipio sea declarado "insumiso y opuesto" al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), al considerar que conllevará el desmantelamiento de los servicios públicos y la pérdida de libertad de los ayuntamientos para satisfacer las necesidades sociales.

En una nota de prensa, Guerrero ha destacado la "opacidad" en los procesos de negociación del TTIP que está llevando a cabo la Comisión Europea, al que solo pueden acceder los europarlamentarios siempre que previamente suscriban un documento por el que se comprometen a no revelar el contenido de los mismos ya que de hacerlo podrían ser objeto de acciones penales.

La edil ha expresado su preocupación porque el contenido de este acuerdo entre EEUU y la Unión Europea (UE) incluye la creación de un tribunal especial de arbitraje con potestad para condenar a los estados a pagar indemnizaciones millonarias a los inversores y empresas transnacionales sin posibilidad de que aquellos puedan recurrir la sentencia, lo que supone "un secuestro de la democracia".

"Esto significa limitar la capacidad de las Administraciones públicas de cualquier nivel, tanto local como autonómico y estatal, para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrán que hacer frente al ser demandados".

Además, Guerrero ha recordado que con el TTIP se eliminarían los aranceles que protegen a las industrias nacionales, con lo que se vería perjudicado el comercio local y de proximidad, algo que tendrá como consecuencia, entre otros asuntos, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes).

Del mismo modo, ha advertido de que como fruto de este tratado se reducirán los estándares de protección normativa de los productos que se comercializan en el ámbito comunitario porque se igualarán a los de Estados Unidos, permitiendo así la entrada de productos a la UE que antes estaban prohibidos, además de atentar contra la soberanía alimentaria, la salud y el medio ambiente.