Margarita Guerrero, concejal de Cambiemos Murcia, presentará en el pleno del jueves una moción para declarar el municipio de Murcia como libre de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en la que se insta al gobierno de la nación a “adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre de estos centros, incluido el de Sangonera La Verde”.

Para la formación, no se pueden mantener abiertos lugares sobre los que expertos, organizaciones sociales e instituciones denuncian una y otra vez el incumplimiento de los derechos humanos. No hay que irse muy lejos, en marzo Convivir Sin Racismo hizo público un informe en el que se explicaba cómo las personas “encerradas” en el centro de Sangonera sufren un trato verbal “incorrecto y denigrante”, así como maltratos físicos explícitos.

Desde Cambiemos Murcia se considera que, “si bien hay que gestionar los flujos migratorios y dotar de legislación apropiada a las instituciones en el ámbito de extranjería, no pueden ser los migrantes o refugiados quienes paguen la incompetencia de los gobiernos de los estados europeos”. La existencia de estos Centros sólo puede ser explicada en un “contexto de déficit democrático, jurídico y humano que sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea”, continua Guerrero.

De hecho, para promotores de campañas como CIES NO, estos centros son “agujeros negros del estado de derecho” en los que se encarcela a personas por no tener permiso de residencia, como única falta en muchos casos. Esto además se da en un contexto de retroceso en el ámbito de los servicios sociales, en el que se limita el apoyo a la participación e integración de inmigrantes, de reducción generalizada de fondos y recursos para proyectos de inmigración con la eliminación de las convocatorias de proyectos de cooperación al desarrollo, recuerda la edil en la moción.

Por eso, Cambiemos Murcia, recogiendo las demandas de la campaña estatal CIES NO, intentará que el Ayuntamiento de Murcia inste “al gobierno de la nación a formular políticas legislativas en materia de extranjería que faciliten la integración y el arraigo sociolaboral de los inmigrantes irregulares y que, en caso de repatriación, sean respetados los derechos humanos fundamentales de cada individuo”.