La candidatura ciudadana Cambiemos Murcia quiere mostrar “su apoyo incondicional” a las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, en huelga indefinida desde diciembre de 2014 por el continuo impago de las nóminas, situación que llevó el pasado lunes a una de ellas a iniciar una huelga de hambre. Además, la candidatura propone la gestión directa por parte de la administración municipal de servicios básicos del Ayuntamiento.

“Un servicio dirigido a personas dependientes y familias que no pueden satisfacer por sus propios medios sus necesidades personales y sociales no puede quedar en manos de una empresa que no cumple con los derechos más básicos de los trabajadores, como es el cobrar a fin de mes por los servicios prestados”, según explica Rosa Crespo, número seis de la candidatura, de la que forman parte personas pertenecientes a colectivos sociales y vecinales y a partidos como Izquierda Unida, Equo y Podemos.

En una Región en la que la tasa de pobreza y exclusión social es de las más altas del país, no tiene sentido que se quiera hacer negocio con la asistencia a domicilio añadiendo al drama de la desatención a los colectivos desfavorecidos “el de las propias familias de las trabajadoras, que se ven obligadas a vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, pues en muchos casos, el salario de estas trabajadoras es el único que llega a su casa para el sustento familiar”. 

Mientras que el Ayuntamiento declara estar al día en los pagos a la empresa, a la precariedad impuesta por la concesionaria, y al retraso en el pago de las nóminas, se ha unido la imposición de tener que ser las empleadas quienes sufraguen los gastos de desplazamiento. “Nos cuestionamos el interés del Gobierno municipal en un servicio tan necesario cuando lo contrata con una empresa que infravalora así la dignidad de sus empleados", añade Crespo.

Cuando Cambiemos Murcia llegue al Ayuntamiento después de las elecciones municipales, “nunca contrataremos con empresas que cometan estas infracciones, pues los derechos laborales y la calidad de los servicios prestados nos parecen la línea roja que no se debe sobrepasar nunca en la contratación pública”, concluye.