Las concejalas Susana Hernández y Andrea Garries defenderán dos iniciativas de marcado carácter social al Pleno de este jueves para que, tanto el Ayuntamiento como la CARM, aumenten las partidas destinadas a becas de comedor, libros de texto y material escolar; y otra relacionadas con la aprobación de la una ley a nivel nacional contra la pobreza energética.
Son muchas las familias murcianas que están siendo castigadas por la crisis en nuestro municipio, familias, continúa Hernández, que no tienen posibilidades de dar comida y ropa a sus hijos y que, lógicamente, cada vez se sienten más desesperadas y ni siquiera encuentran un poco de ayuda en las instituciones.
España, según los últimos datos facilitados por Cáritas es el segundo país de la Unión Europea con más menores afectados por la pobreza y uno de los países europeos más afectados por la crisis, aunque por el contrario lamenta la edil del PSOE- nuestro país invierte en protección a la infancia y la familia casi la mitad de la media europea, un 1,4% del PIB frente al 2,2%.
En este sentido, el portavoz socialista, Pedro López, es contundente. "El Ayuntamiento de Murcia tiene la obligación de abanderar la lucha contra las desigualdades y no dejar a nadie en el camino y mirar hacia otro lado".
Por su parte, Andrea Garries pedirá en Pleno que el Consistorio murciano inste al Gobierno de España a que, de forma inmediata, presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación de una Ley que legisle contra la pobreza energética e impulse la rehabilitación de viviendas. Recordar que un 34% de hogares españoles con desempleados sufre esta situación, situándose Murcia a la cabeza, tanto en parados, como en hogares afectados por la pobreza energética.
Y es que ha sido la propia Unión Europea la que ha instado a diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los más débiles y garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantiza una vida digna, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; así como a prohibir la desconexión en periodos críticos.
Hasta ahora la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes -lamenta Garries- quien espera que, a partir de este momento, desde los Ayuntamientos presionemos al Gobierno de España a poner en marcha normas contra la pobreza energética.