Los ediles del Grupo Socialista e IU-Verdes, Pedro López y Nacho Tornel, respectivamente, vuelven a alertar sobre el proceso de privatización que está experimentando la empresa municipal Emuasa, participada en un 51% por el Ayuntamiento de Murcia, sobre el que exigen al Gobierno local una investigación para aclarar todas las dudas.

Ambos concejales, además de reclamar que la gestión de agua sea cien por cien municipal y que las tasas se aprueben en Pleno porque "estamos hablando de un servicio público básico", se han hecho eco de las quejas de los trabajadores de informática de Emuasa que denuncian que se están vaciando de contenido -con un proceso paulatino de externalización- los servicios que éstos vienen prestando desde hace años, entre los que se encuentran, por citar algunos ejemplos, el servidor de gestión de nóminas, el servicio de información geográfica, o el servidor de correo.

Descapitalización recursos humanos

El más reciente, informan López y Tornel, hace referencia a la contratación del "Suministro e implantación de un sistema de información de clientes", que se resolvió en febrero de 2013 mediante concurso público y al que solo se presentó la empresa Aqualogy Services Company, perteneciente al Grupo AGBAR.

Es el citado grupo, según cuentan ambos ediles, el que impone a Emuasa la retirada de su propio sistema de gestión de clientes para que adquiera el nuevo -impuesto desde Barcelona- a pesar de los informes desfavorables de los directores de área de Emuasa que siempre han apelado a la mayor funcionalidad de los sistemas propios frente al implantado por el Grupo AGBAR.

En este sentido, López y Tornel dudan de la necesidad de adquirir este nuevo sistema, cuando Emuasa ha demostrado a lo largo del tiempo disponer de recursos y capacidad tecnológica propia.

¿Irregularidades?

A esto hay que añadir las dudas que han surgido en torno a la contratación del nuevo sistema para el que se realiza un concurso público en el año 2013, cuando desde abril de 2011 hay empresas del Grupo AGBAR que ya están facturando a Emuasa por conceptos relativos al uso del citado sistema de información de clientes, a pesar de no estar resuelto el concurso público.

Menor autonomía y capacidad de control

Otro de los aspectos sobre los que ambos concejales insisten es la apropiación de datos y recursos sensibles por parte del Grupo AGBAR, lo que, sin duda alguna, limita la autonomía de la empresa municipal de aguas y la capacidad de control público por parte del Ayuntamiento de Murcia, a lo que se añade el gasto que supone el alquiler de un sistema informático- que alcanza la cifra de 2.201.157,97 euros- y el pago por su mantenimiento.

"Muchas incógnitas en torno a la dirección y gestión de una empresa, Emuasa, que siendo mayoritariamente pública parece estar a merced de la iniciativa privada, mientras el Ayuntamiento de Murcia ejerce cada vez menos control", denuncian López y Tornel.

Hacer del agua un servicio público

Los ediles del PSOE e IU-Verdes han recordado que ambas formaciones políticas votaron en contra de las dos últimas subidas de agua aprobadas por el Consejo de Administración de Emuasa, cuando, además, la empresa municipal obtuvo el pasado año beneficios por valor de cinco millones de euros.

El agua han defendido- no puede tener carácter especulativo, ya que se trata de un bien público de primera necesidad sobre el que el Ayuntamiento debería tener el control aprobando las tasas en Pleno y siendo también quien aprobara y diera el visto bueno a los presupuestos de la empresa Emuasa.