En la mañana del viernes 21, algunas de las personas concentradas en las puertas de la Facultad de Economía y Empresa protagonizaron una serie de incidentes que obligaron a suspender el acto oficial de apertura de curso de las universidades públicas de la Región. Tras forzar puertas, agredir a trabajadores, insultar a las autoridades y a otras numerosas personas que libremente acudían al mismo, irrumpieron en el salón de actos, ocupando violentamente la tribuna desde la que se iba a dirigir la ceremonia, marcando un antes y un después que nos debe hacer reflexionar a todos.
Su actitud violenta impidió el uso de la palabra de quienes, elegidos democráticamente y más allá de las opciones ideológicas de cada cual, representan a las universidades y al gobierno regional: rectores de Murcia y Cartagena y consejero de Universidades, Empresa e Investigación. A quien acudía a recibir el Premio Rector Loustau por toda una vida dedicada al servicio público, a los estudiantes y a la Universidad, profesor Parrilla Paricio. A quien, tras una impecable trayectoria docente, como es el caso del profesor Ferrer Martínez, brindaba a su institución y a la sociedad, a compañeros y familiares, el fruto de su trabajo y dedicación, su lección magistral. Y a quien, levantando acta, debía dar cuenta a la sociedad de lo hecho y acontecido a lo largo del curso, para público y notorio conocimiento, a través de la Memoria, como marca la ley.
De nada sirvió que ambos rectores, en una comitiva formada por sus equipos de gobierno, se dirigiesen a ellos con el fin de que, expresada su protesta, dejasen hablar a quienes tienen cuando menos el mismo derecho a hacerlo. Tampoco que diversos miembros del equipo rectoral, aun asumiendo riesgos físicos, como puede verse en los diferentes vídeos difundidos en la prensa, intentaran dialogar y que depusieran su actitud.
Han infligido a esta comunidad universitaria, más que a la institución, un daño inmenso y nos han avergonzado como Universidad, despreciando la mínima cortesía que se debe a las personas a las que se invita a un acto académico que debe estar presidido, como ningún otro, por el derecho a hablar y el deber de escuchar. Y ello independientemente de que guste o no que se lleve a efecto el acto, o que determinadas autoridades acudan a él. Han perpetrado así, probablemente, la peor de las faltas que puede cometer un universitario: conculcar la libertad de expresión.
Se trata de actitudes individuales, aunque organizadas en grupo, ciertamente desarrolladas al albor de un contexto general de justa protesta y de momentos difíciles. Actitudes absolutamente incompatibles con seguir perteneciendo a esta comunidad universitaria, o con cualquier aspiración de representatividad, y que han atentado contra la dignidad de sus integrantes, despreciando hasta los más básicos ideales y principios universitarios.
Aprovechándose de nuestra convicción de que debe ser un acto abierto y público, como siempre lo ha sido, y de encontrarse en un campus universitario, con todo lo que ello implica, han configurado además un escenario de grave alteración del orden público y puesto en riesgo cierto a personas e instalaciones. La disensión y el desencuentro deben encontrar en la Universidad su ámbito de expresión, pero la actitud de este grupo de incontrolados no solo ha echado por tierra el acto, sino que ha pervertido el derecho a la movilización de otras personas que, desde la discrepancia, acudían este viernes a expresar su malestar frente a políticas universitarias, regionales y nacionales que no compartían. El fin no justifica los medios.