Miguel Ángel Cámara, Alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios de la Región, ha manifestado el compromiso de la voluntad de los ayuntamientos de impulsar y promover acuerdos con la Comunidad Autónoma para facilitarle informaciones que contribuyan a descubrir la existencia de algún centro de trabajo irregular en su territorio. Para ello, se plantea el establecimiento de cauces de colaboración para detectar actividades no declaradas ante las administraciones laborales, especialmente mediante el intercambio de datos referidos a las declaraciones de tasas e impuestos, denuncias recibidas o hechos constatados por funcionarios.

 

Cámara ha hecho estas declaraciones en la presentación del primer Plan Regional contra la Economía Irregular a cargo del Consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, a la que también ha asistido el Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente.

 

El acuerdo determina que los datos manejados por la administración local que pueden ser útiles para este plan contra la economía sumergida son:

 

- Autoliquidación de tasas de actividad

- Matrícula del Impuesto de Actividades Económicas

- Solicitudes de licencia de actividad, especialmente las denegadas

- Listado de obras detectadas por los servicios de inspección urbanística 

- Mayor producción de residuos sólidos

- Información que indique un consumo significativo de agua en empresas

- Denuncias recibidas de actividades ruidosas o molestas

- Hechos detectados por la Policía Local

 

El objetivo es establecer vías de comunicación recíprocas de informaciones relevantes para la detección de actividades no declaradas con ánimo defraudatorio. Para ello, la Federación de Municipios de la Región de Murcia promoverá la formalización de acuerdos entre los ayuntamientos y la Administración Regional con el fin de establecer el cauce de colaboración y la creación de una comisión mixta de seguimiento.

 

Pérdida de ayudas y bonificaciones

 

El Plan de Actuación contra la Economía Irregular nace con el respaldo de la Comunidad Autónoma, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, CROEM, UGT y CCOO y se aprueba con vocación de convertirse en una herramienta complementaria en la lucha contra la economía irregular a las establecidas por la Administración del Estado. 

 

Los infractores podrían ser sancionados con la pérdida automática de todas las ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de planes de empleo y su limitación de acceso hasta dos años. Si, además, se constata la no obtención de autorización para trabajar de un ciudadano extranjero que la precise, la sanción podría incrementarse con la cuantía equivalente a lo que hubiese tenido que cotizar a la Seguridad Social.