Las denuncias fraudulentas relataban en su mayor parte robos con violencia e intimidación.

Agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del distrito de El Carmen han llevado a cabo diez actuaciones por simulaciones de delito cometidas durante los últimos tres meses.

Dichas actuaciones han supuesto la detención de las personas que han realizado las citadas denuncias fraudulentas, que en la mayoría de las ocasiones tenían como objetivo generar un documento administrativo que sirviera de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros.

La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto, la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos. Otras veces la denuncia responde a motivos como la venganza o la elusión de algunas obligaciones.

De este modo, se ha esclarecido el inexistente robo de un vehículo, denunciado para eludir el pago de las tasas administrativas correspondientes o el robo con fuerza en una cervecería denunciado para tratar de obtener una compensación económica de la compañía aseguradora. En otra ocasión, se denunció un robo con fuerza en un domicilio que resulto ser falso, y que únicamente trataba de enmascarar la apropiación de algunos objetos por una de las partes, tras el fracaso de una relación sentimental.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar. Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos. Es por este motivo por lo que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos.