Murcia, 17 jul (EFE).- El secretario general de CCOO Región de Murcia, Daniel Bueno, ha denunciado hoy que el ayuntamiento de Murcia "ha vulnerado los derechos constitucionales" de un trabajador municipal, al que "se ha sometido a un proceso de "acoso moral y hostigamiento" por parte de su superiores.
En un comunicado de prensa Bueno ha señalado que el consistorio ha suspendido 24 meses de empleo y sueldo al trabajador, perteneciente al Cuerpo de Bomberos municipal, al que se le imputa una falta de desobediencia de carácter grave, "no demostrada", una de desconsideración hacia un superior y una de perturbación de servicio.
Este comportamiento por parte del Ayuntamiento de Murcia vulnera, a juicio de Bueno, cuatro artículos constitucionales "el que consagra la igualdad ante la Ley; el que consagra el derecho a la integridad física y moral, ya que ha sido sometido a un proceso de acoso moral y hostigamiento; la presunción de inocencia, por la desproporción entre las conductas motivo de sanción y la sanción, y el que salvaguarda el derecho a la libre expresión".
"El Ayuntamiento de Murcia vulnera reiteradamente la Constitución y debería reflexionar sobre la situación creada, a la par que reconsiderar la suspensión de la sanción impuesta en tanto no se pronuncien los tribunales", ha afirmado el dirigente sindical.
Bueno ha indicado que CCOO, sindicato al que pertenece el trabajador sancionado, está convencido de la resolución favorable de los tribunales a los recursos planteados desde su asesoría jurídica, y ha advertido al consistorio que "de continuar con su actitud, al trabajador se le pueden ocasionar daños irreparables".
Así mismo, ha asegurado que "toda la instrucción ha estado plagada de irregularidades, empezando por la actuación del propio instructor, quien ha realizado preguntas tendenciosas y transcripciones parciales de la declaración, y continuando por que no se ha producido la citación a declaraciones de testigos, ocultándose aquellas que exculpan al trabajador".
"Se ha producido una desproporción absoluta entre los hechos, su tipificación y la sanción", ha señalado Bueno, quien ha indicado que "el proceso denota animadversión y ensañamiento, actitudes que no debería de suscribir un ayuntamiento, organismo público sujeto y obligado a la defensa de la Constitución".EFE