Murcia, 29 jun (EFE).- El funcionario del ayuntamiento de Murcia D.G., al que un jurado popular encontró culpable de un delito de cohecho por pedir dinero a un inmigrante para darle un certificado, ha sido condenado a la pena de 21 meses de suspensión de empleo, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE.

Asimismo, este funcionario, que prestaba sus servicios en las oficinas municipales de la pedanía de Cabezo de Torres, deberá pagar una multa de 240 euros, el triple de la cantidad de dinero pedida al ciudadano para atender su petición de obtener un certificado de empadronamiento.

Durante la vista oral seguida ante la Audiencia Provincial de Murcia hace ahora un mes, el acusado negó los hechos por los que ha sido condenado y se declaró inocente. EFE