Exposición de motivos

     Izquierda Unida, desde su origen, ha fijado su propuesta en materia de agua en cuatro ejes: planificación del recurso, gestión de la demanda,  fomento del ahorro y solidaridad.

      La planificación del recurso desde una perspectiva de Estado, a través de los planes de Cuenca, evitando con ello usos indebidos y garantizando la asignación del recurso al consumo de boca, la agricultura, la industria y los servicios. Por tanto, para que la planificación sea efectiva, siempre ha comprendido que la gestión de los ríos de España, cuyas cuencas hidrográficas afectaban o discurrían  por más de una comunidad autónoma, era competencia del Gobierno central, haciendo posible con ello lo que se denomina unidad de cuenca.

      El segundo concepto: la gestión de la demanda, tiene que ver con la obligación de las Administraciones en su conjunto de corresponsabilizarse en el modelo de desarrollo, al objeto de que éste no implique en políticas de incremento de oferta, ya que esta (nuevos trasvases) u (obtención de nuevos recursos) conlleva implícitamente un importante incremento de los consumos. La política de precios, el control de los planes agrarios y su extensión, la persecución de los usos ilegales, los modelos urbanizables, etc., configuran las herramientas para una gestión sostenible de la demanda.

      El fomento del ahorro es un signo claro de nuestra propuesta. Ahorro en el consumo doméstico, con planes y medidas consecuentes con la escasez del recurso. Ahorro en el sentido que conllevan las eficiencias de la modernización de la actividad agraria, que no deben dirigirse a nuevas hectáreas de regadío (60.000 hectáreas de regadío ilegales en la Región). Ahorro en políticas de reutilización de aguas residuales e industriales.

      Y solidaridad, apurando los beneficios de la planificación, la gestión de la demanda y el fomento del ahorro, si un territorio, sea el que sea, ha de ser acreedor, por necesidades reales, de recibir agua de otra cuenca. También en el agua la solidaridad debe existir.

      En el tiempo, IU ha evolucionado hacia una posición más ambientalista que cuestiona el principal elemento de valoración del recurso históricamente: el económico.

      Desde Izquierda Unida de la Región de Murcia, siempre hemos sido coherentes y consecuentes con la política hídrica de IU. Así, en torno al P.H.N. aprobado por el Gobierno del PP en 2000, esta formación, pese al alto coste político, electoral y mediático que suponía en Murcia rechazar el trasvase del Ebro, lo hizo y lo mantuvo. Sobraban y sobran razones: antiambiental, ineficaz económicamente, promotor aquí de un desarrollismo furibundo, etc. Nuestra alternativa entonces era la política general descrita en el inicio de esta resolución  y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. IU Federal avaló entonces ese posicionamiento, haciéndolo suyo.

      En la actualidad, El PP en la Región de Murcia, rico electoralmente con el ‘Agua para todos’, ha exportado su cátedra, en cuanto a utilización política del tema del agua. En Castilla-La Mancha también se utiliza el agua como instrumento de confrontación entre territorios, en una visión repetida de la era Valcárcel en Murcia.

           Ha triunfado la visión localista, la política de campanario, que en materia de agua, fomenta la aparición de posturas enfrentadas que dejan de lado la solidaridad.

      La aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de un nuevo Estatuto de Autonomía en el que en diversos artículos y disposiciones se apropian de competencias exclusivas del Estado, orientadas a poner fin al trasvase Tajo-Segura, es un desgraciado y predecible episodio de la política de guerra del agua entre regiones, que han rentabilizado electoralmente PP en Murcia y PSOE en Castilla la Mancha, pero que pone en serio riesgo la estructura económica de la Región de Murcia si es que, finalmente, se consuma la caducidad del trasvase o, incluso, si, no incluyéndose la caducidad, se eleva considerablemente, el volumen de reserva en cabecera.

           En estas fechas, estamos en el momento previo al debate de las enmiendas a la Reforma del Estatuto de Castilla la Mancha, en las Cortes Generales. Algunas de las enmiendas presentadas, suponen, de facto, el fin del Trasvase, por lo que es necesario organizar la respuesta de la sociedad murciana ante intenciones tan perniciosas, respuesta que, esta vez debe ser la respuesta del conjunto, y no sólo de un partido.

           Por ello la Concejala de IU+LV que suscribe propone al Pleno para su debate y posterior aprobación de los siguientes

      ACUERDOS:

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia

1. Expresa su rotunda oposición a la clausura del trasvase Tajo-Segura a la modificación de sus normas de explotación, a la alteración de Cuenca de Castilla-La Mancha, así como a la modificación del mínimo de reserva, o la alteración del actual equilibrio en la presencia de las autonomías en los órganos de Gestión y Administración de los recursos hídricos.
2. Reclama el derecho constitucional de la ciudadanía de la Región de Murcia a un desarrollo económico y social que se vería bruscamente recortado con el fin del trasvase Tajo-Segura. El impacto de un hipotético cierre del trasvase sobre la población inmigrante y las comarcas menos avanzadas económicamente de la Región, sería, sin duda,  un alto precio a pagar en forma de pobreza y desempleo.
3. Pedimos a Ramón Luís Valcárcel y a su partido, el PP, así como al Presidente de Castilla la Mancha, José María Barreda, que cesen de inmediato en su estrategia política de instrumentalización con fines electoralistas del tema del agua, una vez constatado que las políticas de guerra de agua, atizadas por los máximos dirigentes de Murcia y Castilla la Mancha, no han contribuido en modo alguno al hallazgo de soluciones, sino que han provocado el empeoramiento de las relaciones entre regiones y han favorecido la aparición en ambas regiones de discursos insolidarios y localistas tales como reclamar el derecho de agua sin límite para proyectos especulativos e insostenibles en Castilla La Mancha y en Murcia.
4. Manifestamos nuestro compromiso con las políticas ambientalistas. Estamos de acuerdo con los planteamientos de la Nueva Cultura del agua, en cuanto a la no creación de nuevos trasvases y la optimización de aquellos trasvases ya amortizados ambiental y económicamente, como es el caso del Tajo-Segura
5. Nos comprometemos con las políticas de persecución del uso ilegal, de la extensión de regadíos, de robo de agua, de nuevos entubamientos, de sobreexplotación de pozos, de modelo de desarrollo insostenible y rechazamos los proyectos de entubamiento del río Segura.
6. Solicitamos que todos los agentes sociales, políticos y ciudadanos de relevancia regional formen parte de una nueva plataforma plural en defensa del derecho al aprovechamiento del Acueducto Tajo- Segura que, liderada por el Presidente de la Región de Murcia, cuente entre sus integrantes con todas las fuerzas políticas, los interlocutores sociales y las organizaciones agrarias,  además de la ciudadanía en general. Esta plataforma debe de ser convocada por el Presidente de la Región de Murcia y ha de tener entre sus cometidos el organizar y programar cuantas movilizaciones sean precisas para evitar el efecto devastador que sobre la economía de la Región de Murcia tendría la finalización de las aportaciones del Tajo-Segura.