La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, ha comparecido en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso para informar sobre la ejecución de dicho pacto, renovado el pasado 26 de febrero de 2025.

Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, durante su intervención. (Pool Congreso)

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha asegurado en su intervención que, a fecha de diciembre de 2025, se han puesto en marcha 235 de las 461 medidas que contempla el Pacto de Estado, lo que representa un 51% de ejecución global. En el caso de las medidas que son competencia del Ministerio de Igualdad, el porcentaje se eleva hasta el 54%, lo que significa que lidera "con responsabilidad y eficacia" la ejecución, según ha detallado.

Además, la delegada ha defendido que el pacto contó con "un respaldo económico sólido en 2025", ya que la Administración General del Estado destinó más de 82 millones de euros a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales. En ese sentido, Martínez Perza ha indicado que estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, y ha destacado que para 2026 se prevén 11,9 millones de euros adicionales destinados a medidas específicas de atención y prevención.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado en la comisión que el pacto identifica claramente los ministerios, administraciones e instituciones responsables de cada una de las 461 medidas. En el caso de la Administración General del Estado, el Ministerio de Igualdad ha ejecutado 113 de 211 medidas (54%), con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales y acreditaciones administrativas. En concreto la DGVG ha de desarrollar 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas. Y, en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

Por parte del resto de ministerios, destacan algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

En ese sentido, Carmen Martínez Perza ha señalado que la puesta en marcha de medidas varía según su complejidad: "Algunas son inmediatas, como campañas, formaciones o ajustes de protocolos y otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación". Aun así, ha añadido que "el 51% de ejecución global por parte del Gobierno refleja un arranque rápido y coordinado, con un alto grado de alineación institucional entre ministerios y la Delegación del Gobierno".

Durante su comparecencia, la delegada ha puesto de relieve también el impulso normativo realizado, en primer lugar, en la lucha contra la violencia vicaria y después con la ley integral de trata y explotación de seres humanos que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses. Además, ha resaltado el refuerzo de la cooperación interinstitucional mediante convenios, como el firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y mediante la constitución de grupos de trabajo que garantizan criterios homogéneos, transparencia y evaluación de resultados.

"La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es el motor operativo del pacto. Coordina servicios estatales, despliega instrumentos normativos y mantiene la relación constante con comunidades autónomas, entidades locales y órganos colegiados", ha afirmado Martínez Perza, para avanzar que tiene previsto desplegar 13 medidas más en 2026.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y de concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de la violencia contra las mujeres 2026. Igualmente ha puesto el foco en los 60 centros de atención integral 24 horas, en el trabajo en la cooperación internacional para mejorar la atención a víctimas españolas en el extranjero, así como en el lanzamiento de campañas de sensibilización.

Martínez Perza también ha afirmado que los resultados de este primer año son claros: "Más de la mitad de las medidas están activas, los ministerios trabajan de manera coordinada, los recursos se han ejecutado y se han establecido sistemas de seguimiento y evaluación que garantizarán transparencia y eficacia".

Por último, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha sostenido que el "esfuerzo colectivo" que supone este pacto "permite afirmar con certeza que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una política de Estado firme, duradera y basada en evidencias, que seguirá avanzando en 2026 y en los años venideros". "El Pacto de Estado renovado no es solo un documento o un plan, es una estrategia de vida, protección y dignidad, que nos recuerda cada día la obligación de nuestro compromiso con las mujeres y las niñas de nuestro país", ha finalizado.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia