Los agentes han detectado la captación de, al menos, 55 mujeres procedentes de Ucrania que, una vez en España, abrían a su nombre cuentas bancarias que usaban para mover los beneficios ilícitos obtenidos

En el contexto de la guerra de Ucrania

La investigación policial dio comienzo en octubre de 2023, y tras múltiples indagaciones, pudo constatar la presencia en Alicante y Valencia de una organización criminal, que se había conformado y profesionalizado en el contexto del conflicto armado en Ucrania aprovechando la situación de vulnerabilidad extrema de numerosas personas. Este entorno fue utilizado como fuente de captación de víctimas, principalmente mujeres jóvenes procedentes de zonas sometidas a continuos ataques bélicos. Para ello, el entramado contaba con células de captación que posteriormente gestionaban y financiaban el desplazamiento de esas mujeres a España.

Una vez en territorio nacional, la organización garantizaba su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un férreo control. De manera inmediata iniciaban los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.

Tras la obtención de dicha protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para proceder a la apertura de cuentas corrientes y la obtención de tarjetas de crédito, instrumentos que pasaban a ser controlados íntegramente por la organización criminal.

Apuestas “on line” y usurpación de identidades

Esas cuentas y tarjetas obtenidas a nombre de las víctimas eran utilizadas para la creación de múltiples cuentas en plataformas de juego “on line”, permitiendo así el control del movimiento continuo de dinero desde las cuentas bancarias hacia dichas plataformas.

El entramado criminal había desarrollado un sofisticado sistema de fraude informático basado en la utilización de programas automatizados, conocidos como “bots”, con los que realizaban miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes, usando para ello identidades usurpadas de forma masiva a ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.

Este sistema permitía a la organización mover millones de euros y generar ganancias aparentemente legales dentro de las plataformas de apuestas. Una vez que esos beneficios obtenían una apariencia lícita se transferían a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las mujeres ucranianas o a cuentas de los principales investigados tanto en España como en el extranjero. Estos capitales eran empleados posteriormente en la adquisición de inmuebles de lujo en diferentes países europeos y terceros estados, propiedades que eran destinadas al arrendamiento turístico. De ese modo la organización multiplicaba los beneficios y consolidaba el blanqueo de capitales.

Operativo internacional coordinado

Dada la complejidad de la investigación se puso en marcha un equipo multidisciplinar compuesto por agentes expertos en diversas tipologías delictivas, y fruto del intenso trabajo realizado se ha logrado la identificación de 55 mujeres procedentes de Ucrania trasladadas a España presuntamente para la realización de las actividades descritas. Además, se ha podido detectar más de 5.000 identidades usurpadas, tanto españolas como de otras 16 nacionalidades diferentes, y ganancias ilícitas de 4.750.000 euros. A todo ello se suma el esclarecimiento de más de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa en territorio nacional.

La investigación ha desembocado en una operación que se ha llevado a cabo de manera simultánea en España y Ucrania. En el operativo español se han efectuado nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde se han intervenido más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 “bots”. También se han bloqueado 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros 10 países con más de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.