El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado al mismo consenso que suscitó la reforma del artículo 49 de la Constitución o la Ley ELA para la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto a los representantes de la asociación Plena Inclusión España.

Pablo Bustinduy ha mantenido una reunión con la asociación Plena Inclusión España, entidad representante de las personas con discapacidad intelectual, en el marco de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que ya se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados, que la próxima semana debatirá su toma en consideración.

En este contexto, el ministro ha apelado al consenso que se concitó con normas sociales como la reforma del artículo 49 de la Constitución, que supuso la primera reforma social de la carta magna, o la Ley ELA, gracias a la que se han movilizado 500 millones para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). "La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia va a seguir adelante gracias al empuje de las organizaciones de la sociedad civil", ha subrayado.

Además, el ministro de Derechos Sociales ha destacado que esta reforma se ha trabajado "mano a mano" con las organizaciones y entidades más representativas de la dependencia y la discapacidad, escuchando sus voces y atendiendo a sus necesidades: "Esta reforma prácticamente no es nuestra, sino suya". Por ello, Bustinduy ha señalado que "no se entendería que ningún grupo parlamentario se opusiera".

La normativa incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contiene medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, la medida también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, algo que desde la asociación Plena Inclusión han valorado positivamente recordando que en nuestro país 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado, un dato que refleja que sigue quedando un largo camino por recorrer para que las personas con discapacidad accedan a una ciudadanía plena.

Además, el proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad, va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones que se introdujo en el año 2012 y va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. De esta manera, la reforma de ambas normas al mismo tiempo va a permitir avanzar en la transformación del modelo de cuidados que el Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo impulsando, para dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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