Además de los vehículos sustraídos en la UE, obtenían otros de financieras y empresas de renting, que trasladaban a España para matricularlos, previa falsificación de los elementos de identificación

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2024 tras el análisis de expedientes de matriculación de las ITV, muchos de ellos en los países de origen. Un exhaustivo análisis documental permitió a los agentes recabar información de diversas Jefaturas Provinciales de Tráfico y estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y constatar la matriculación fraudulenta de vehículos que en muchos casos presentaban señalamientos de sustracción con fechas posteriores a su inscripción en el registro español.

El complejo entramado criminal se caracterizaba por la matriculación fraudulenta en España de vehículos previamente sustraídos. Estos vehículos eran objeto de una manipulación de su identificación original, dotándolos de una nueva identificación correspondiente a un vehículo existente en otro estado miembro de la Unión Europea o, incluso, asignándoles una ficticia.

Además, la organización también obtenía vehículos mediante apropiación indebida, principalmente vehículos de empresa o leasing procedentes de otros países y que posteriormente matriculaban en España aportando documentación falsificada. Transcurridos algunos meses, cuando las empresas lo detectaban, estos vehículos eran denunciados como sustraídos en sus países de origen.

Los agentes también lograron averiguar que la organización delictiva gestionaba vehículos procedentes de terceros países que, debido a la normativa de homologaciones, no podían ser matriculados en la Unión Europea. Para sortear esta restricción, el entramado utilizaba documentación falsa o falsificada con el objetivo de simular que los vehículos provenían de un país miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE).

Esta operación se ha desarrollado simultáneamente en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Se han localizado e intervenido numerosos vehículos sustraídos, cuyo valor total en el mercado podría superar los 3,6 millones de euros.

Hasta el momento se han realizado 15 detenciones, por su implicación en los delitos de falsificación de documento público, oficial y mercantil, usurpación de estado civil, receptación y pertenencia a organización criminal. Han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Leganés (Madrid), órgano judicial que instruye la causa. La operación policial continúa abierta y se prevén nuevas detenciones de objetivos relacionados con esta investigación.