Alojaban a los migrantes en un zulo de nueve metros cuadrados, en condiciones infrahumanas, hasta que conseguían la documentación de su regularización por la que cobraban entre 10.000 y 15.000 euros

Colaboradores y señuelos

La investigación policial se inició tras ser detectado un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de ciudadanos argelinos y en las que se habían presentado diferentes documentos falsos para la tramitación de las mismas.

Las pesquisas descubrieron una red criminal internacional establecida en España, con integrantes coordinados en diferentes escalones de jerarquía y especializada en la captación de nacionales de Argelia, a quienes una vez introducidos en nuestro país de manera irregular, se les gestionaba todos los trámites necesarios para iniciar su regularización.

El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Zaragoza, donde se identificaron a los líderes del entramado, pero con ramificaciones a nivel nacional en otras provincias tales como Alicante, Murcia, Huesca y Guipúzcoa. Además, contaba con una amplia red de colaboradores e intermediarios cuya labor era facilitar la realización de empadronamientos fraudulentos en los domicilios y formalizar contratos de trabajo falsos en empresas que usaban para llevar a cabo el objetivo último y principal, que era reunir los requisitos exigidos para la presentación de las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales en sus diferentes variantes.

Asimismo, contaba con colaboradores en Francia, que proporcionaban clientes asentados en dicho país que buscaban arreglar su situación administrativa en España. A estos clientes se les facilitaba la posibilidad de gestionar la solicitud de permisos de residencia españoles sin necesidad de moverse del territorio francés, mediante el envío de fotocopias de sus pasaportes, empadronamientos a distancia, apertura de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros. 

Modus operandi

El entramado se estructuraba de forma jerarquizada, desempeñando cada integrante una labor concreta, tanto en la búsqueda de clientes a los que empadronar, como domicilios donde realizar este extremo, empresas con las que obtener contratos de trabajo o parejas con las que realizar las uniones civiles fraudulentas. Para ello, la organización solicitaba el pago de cantidades económicas que variaban entre los 600 y 900 euros por realizar un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por un contrato fraudulento, entre 2.000 y 6.000 euros por una unión civil ficticia o 200 euros por el transporte de documentación.

La elaboración de empadronamientos fraudulentos se realizaba mediante el método de “look-alike” por el que la organización conseguía individuos que se parecían físicamente a las personas a empadronar, sin la necesidad de que la persona se encontrara realmente en el municipio del domicilio objeto de empadronamiento, o incluso en territorio español.

La organización criminal contaba con nexos de unión directos con la llegada de pateras a las costas españolas desde Argelia, siendo una fuente directa de “clientes-migrantes”, a los que se les facilitaba un “pack” de regularización completa. Los migrantes eran plenos conocedores de que a su llegada se iniciarían los trámites para su regularización, motivo por el cual facilitaban sus pasaportes originales de Argelia para que el entramado delictivo, a través de sus colaboradores, realizaran el traslado de esos pasaportes hasta territorio nacional.

Una vez en España, los inmigrantes eran alojados en condiciones infrahumanas en un zulo de apenas nueve metros cuadrados habilitado dentro de uno de los locales gestionados por la organización criminal en la ciudad de Zaragoza, y en el que vivían a la espera del inicio de los trámites de su regularización.

La actuación operativa culminó con la detención de un total de 30 personas de de diferentes nacionalidades, decretándose el ingreso en prisión de los seis principales investigados, entre los que se encuentran los cabecillas de la organización. Del mismo modo se llevaron a cabo siete entradas y registros en la provincia de Zaragoza, donde se incautó diversa documentación falsa y varios pasaportes argelinos.