Han sido desmanteladas 15 plantaciones de marihuana que generaban un consumo eléctrico equivalente al de una población de 1.200 viviendas, teniendo en cuenta un consumo anual de 3.500 kWh/vivienda, con un fraude que asciende a 1.050.412 €
La investigación comenzó el pasado año en el mes de mayo, por un lado, por parte de la Policía Nacional se inició tras la manifestación de una de las victimas que dio cuenta de la situación vivida a su llegada a España y durante su periodo de permanencia, declarando que, por parte de una organización criminal de origen español asentada en la localidad de Castellbisbal (Barcelona), había sido explotada en diversas plantaciones de marihuana, privada de su libertad, agredida y amenazada hasta que finalmente pudo escapar de esa situación. Por otra parte, la investigación de los Mossos de Esquadra se inicio cuando una empresa suministradora de luz y gas de la localidad de Rubí (Barcelona) observó en tres fincas un elevado consumo eléctrico que podría ser propio de fincas dedicadas al cultivo clandestino de marihuana.
La organización criminal se aprovechaba de personas extranjeras procedentes de países latinoamericanos en situación de vulnerabilidad, a las que captaban mediante engaño en su país de origen y una vez en Barcelona, les obligaban a realizar labores de cultivo y seguridad en las plantaciones, todo ello bajo el control del entramado que no dudaba en hacer uso de la violencia cuando las víctimas no obedecían sus órdenes.
Viajes de apariencia turística para traer a las víctimas a España
La estructura criminal estaba liderada por un violento clan familiar cuyos principales responsables eran tres hermanos que, sirviéndose de colaboradores que se encontraban en terceros países de Latinoamérica o en España, se encargaban de captar potenciales víctimas en situación de necesidad.
Una vez eran reclutadas estas personas se les ofrecía desarrollar una actividad distinta a la que finalmente realizarían a su llegada a Barcelona y a través de la cual podrían obtener altas cantidades de dinero. Además de estos colaboradores con funciones de captación, la organización disponía de varios miembros con diferentes funciones relacionadas con el cultivo de la marihuana.
Una vez que las víctimas aceptaban la propuesta y se encontraban fuera de España, los cabecillas de la organización, a través de los colaboradores, se encargaban de gestionar los billetes de avión de ida y vuelta, aleccionarles sobre cómo comportarse en frontera en caso de ser controlados por la policía y les proporcionaban una cantidad económica para poder simular solvencia económica. De esta manera, dotaban de apariencia turística a los motivos de los viajes de sus víctimas para poder sortear los controles fronterizos.
Obligados a cultivar marihuana para saldar la deuda
Una vez que las personas explotadas por la organización llegaban a Barcelona, eran recogidas por miembros de la estructura criminal en el aeropuerto o estación de tren e informadas, en ese mismo momento, que por el desplazamiento habían contraído una deuda económica de hasta 4.600 euros que debían saldar realizando trabajando en plantaciones indoor de marihuana.
A partir de ahí comenzaban a ser explotadas en las múltiples plantaciones de marihuana estando en todo momento controladas por miembros de la organización, algunos de los cuales incluso portaban armas de fuego, no dudando en utilizar la violencia en caso de que las víctimas incumplieran las indicaciones del clan familiar.
Las víctimas eran obligadas a residir en las propias plantaciones, durmiendo en lugares que se encontraban en condiciones de insalubridad y sin libertad de movimiento, ya que en caso de que quisieran salir a comprar, enviar dinero, o cualquier otra gestión personal, debían pedir permiso e ir acompañados de algún miembro de la organización. Incluso una de ellas, manifestó que había sufrido varios episodios de violencia por parte del entramado que le causaron lesiones físicas de diversa consideración y por las que no pudo recibir tratamiento al ser amenazado de muerte mediante la exhibición de armas de fuego.
Pelea de gallos
Durante la investigación se observó que los cabecillas de la organización se dedicaban además a la cría y entrenamiento de gallos de pelea, eventos que ellos mismos organizaban en sus propias “galleras”, preparadas para albergar hasta 100 personas, y por las que también obtenían beneficios económicos. En las entradas y registros fueron localizados 168 gallos de pelea, alguno de los cuales se encontraban en lamentables condiciones de salubridad y sometidos a prácticas presuntamente delictivas.
Por otra parte, con el fin de blanquear los beneficios económicos procedentes de las actividades delictivas, se pudo observar que los principales responsables de la organización, adquirían propiedades y regentaban diferentes comercios, uno de ellos dedicado a la venta de productos relacionados con el cultivo de marihuana, al frente de los cuales situaban como testaferros a familiares o a otros colaboradores de total confianza de la organización.
Durante la operación se han llevado a cabo 35 entradas y registros -34 en Barcelona y uno en Castellón-, donde los investigadores han intervenido tres armas de fuego, una pistola de gas y gel, un rifle de perdigones, 11.007 plantas de marihuana, 8.381 kilogramos de cogollos, 6.021 kilogramos de marihuana, 614,55 kilos de cocaína, 50.004 euros en efectivo, cinco vehículos, 168 gallos de pelea, varios teléfonos móviles, diferentes efectos informáticos, diversas joyas y objetos de valor.
La investigación continúa abierta y no se descarta llevar a cabo más detenciones, siendo por ahora un total de 36 detenidos.