La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en la Comisión de Igualdad, a petición propia, para informar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia equilibrada de mujeres y hombres.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. (Pool Congreso)

La ministra, también, ha dado cuenta de la aplicación práctica de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Una comparecencia que ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género en nuestro país y con un mensaje de repulsa al asesinato machista de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei.

Redondo ha explicado que su solicitud de comparecencia está motivada en "el alarmismo, la desinformación y la inquietud desproporcionada" en torno a la Ley de Paridad "con la intención de cuestionar y denostar las políticas de igualdad, y de manera particular, al Ministerio de Igualdad". Y ante esto, la ministra ha asegurado que el Ministerio tiene un objetivo claro: "avanzar en justicia social a través del desarrollo de los mandatos constitucionales, especialmente de los contenidos en los artículos 9.2, y 14 de la Constitución Española".

"Cualquier actuación, cualquier medida, cualquier ley impulsada por este Ministerio se aprecia con una lupa de cien aumentos o para ser más precisos, a través de un espejo convexo que deforma y distorsiona la realidad", ha señalado la ministra, a la vez que advertía de "las resistencias al profundo cambio de paradigma que han supuesto las políticas transformadoras de la cultura y las estructuras patriarcales y machistas".

"Señorías, o trabajamos juntamente con lealtad y de forma honesta en esta revolución necesaria que ya se prolonga en el tiempo excesivamente o fracasaremos como sociedad en la construcción de la democracia real", ha trasladado Ana Redondo a las diputadas y diputados presentes en la Comisión de Igualdad.

La ministra ha afirmado que la igualdad "es el vínculo que conecta todos los derechos fundamentales con la libertad" y que la igualdad de oportunidades constituye "la columna vertebradora de las políticas que fundamentan un estado del bienestar para todas y todos".

Ana Redondo ha defendido que la Ley de Paridad transita por la senda ya trazada en la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva, que establecía este principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos público y económico. Una ley "coherente con el avance en derechos y libertades impulsado por los movimientos feministas en España y en Europa. Una ley necesaria y justa que sirve para que este país siga avanzando y siendo un ejemplo referente en políticas de igualdad a nivel global".

"Sabemos que no existe el mérito y capacidad sin igualdad y precisamente por mérito, por capacidad, por justicia social y por eficiencia y competitividad de nuestro sistema productivo, las mujeres debemos estar en los puestos de responsabilidad y en todos los ámbitos donde se toman decisiones", ha apuntado la ministra Redondo.

Ana Redondo ha explicado que el Ministerio ha iniciado una ronda de contactos y reuniones con los diferentes sectores implicados en la implementación de la Ley de Paridad. "No se trata solo de estar, señorías, se trata de ejercer porque la paridad no se circunscribe a simples cuotas, sino que consiste en eliminarlas. Concretamente de eliminar las cuotas masculinas".

La ministra ha anunciado que el Instituto de las Mujeres pondrá en marcha una batería de medidas para acompañar el desarrollo de la ley. Por ejemplo, están previstas acciones de promoción, análisis, seguimiento y apoyo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley por parte de las sociedades cotizadas y entidades de interés público.

También se van a poner en marcha campañas de formación, asesoramiento y seguimiento, en coordinación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La ministra se ha referido también al error técnico producido en la disposición final 9ª de la ley. Un error "subsanable", que se tramitará como enmienda la próxima semana para que la ley exprese claramente la voluntad de la mayoría de la cámara, "que no es otra que la de proteger a todas las personas trabajadoras en el ejercicio de su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como de mejorar sus condiciones laborales".

Redondo ha aclarado que, mientras se solventa el fallo técnico, las personas trabajadoras no están desprotegidas porque las asiste la aplicación de la propia Constitución Española y la normativa europea que aportan una base sólida para considerar este despido como discriminatorio y por tanto nulo. Además, el propio Estatuto de los trabajadores, en su artículo 4, contempla el derecho a no ser discriminado por el ejercicio de los derechos de conciliación.

"Podemos afirmar que la disposición final 9 de la ley de paridad no va a producir la desprotección de las trabajadoras. Y los despidos que traigan causa del ejercicio del derecho a la adaptación de jornada o a los permisos para el cuidado de un familiar serán nulos", ha insistido Redondo.

Durante su comparecencia, la ministra ha señalado los "retrocesos intolerables" de los derechos de las mujeres a nivel mundial, citando algunos países como Afganistán, Siria, Irak, Irán o Sudán. "Tantos lugares donde se conculcan a diario los derechos básicos de las mujeres, donde somos silenciadas, anuladas, sometidas y esclavizadas por el solo hecho de nacer mujeres. Y en medio de este horror estamos obligadas a combatir con toda nuestra solidaridad, con toda nuestra fuerza este apartheid de género anacrónico e insufrible".

Ley para la Igualdad efectiva de las personas Trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI

Hasta la fecha, 5.900 personas han ejercido su derecho al cambio registral de sexo. "5.900 historias cargadas de frustración y de dificultades que han visto cómo la ley aliviaba su sufrimiento y el de sus familiares y amigos", ha aseverado la ministra. Lo cierto es que la ley sirve a ese objetivo: facilitar la vida de las personas, resolver los problemas planteados desde la equidad y el respeto a la Constitución.

La ministra ha señalado que "las noticias de dudosa fiabilidad" no se corresponden con la realidad. De los casi 6.000 cambios registrales solicitados, 85 han sido denegados, en ocho ocasiones la persona solicitante ha desistido y en cinco ha caducado el expediente. "Los encargados del registro hacen bien su trabajo y cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho deniegan la inscripción", ha defendido Redondo. "En el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica. De nuevo el dato rompe el relato".

Durante su intervención, Ana Redondo ha lanzado un claro mensaje a quienes quieren abusar de la ley. "Se van a encontrar con dos problemas: los delitos derivados de actitudes violentas y el fraude de ley, prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil. Ahí es donde debemos poner el foco: en el defraudador y en quienes le alientan, muchas veces organizaciones y entidades que rechazan la diversidad y que añoran los tiempos en que la ley de peligrosidad social o la ley de escándalo público estaban en vigor".

A juicio de la ministra, la Ley 4/2023 es una excelente hoja de ruta que debe implicar a todas las administraciones y a todos los actores en el despliegue de las políticas públicas "para eliminar la discriminación, el acoso y las actitudes de odio que aún hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+ y para potenciar su visibilidad y participación social".

"Si hay fraude en la aplicación de esta ley se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con respecto a cualquier otra ley", ha concluido la ministra recordando que la protección a las mujeres víctimas de violencia de género es una prioridad para el Ministerio.

Por eso, la propia Ley para la Igualdad efectiva de las personas Trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en su artículo 46.3, establece que la rectificación de la mención registral relativa al sexo y en su caso el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es decir, que, aunque el agresor cambie el sexo en el registro civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género previamente cometidos.