El anuncio se ha hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha abordado también la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preside el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Este lunes se ha celebrado el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La reunión ha tenido lugar en la sede del Imserso en Madrid, ha contado con la participación de todos los gobiernos autonómicos, y ha estado presidida por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y por Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.
Uno de los puntos del día en este consejo era abordar la financiación del sistema de atención a la dependencia. En este punto, el ministro Bustinduy ha anunciado que el ministerio que dirige va a repartir este año la misma cantidad de dinero para Dependencia que en la anterior legislatura, más de 783 millones de euros (783.197.420 €). Se trata de una cifra récord a lo que se suma el compromiso retirado por el ministro de continuar con la senda de incremento presupuestario iniciada por el Gobierno de coalición en la pasada legislatura.
El objetivo, ha afirmado Bustinduy, es "corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido siempre este sistema, agravada en la década pasada con los recortes". Para ello, ha fijado como meta que la Administración General del Estado alcance el 50% del total de la financiación en Dependencia, como recoge el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y SUMAR, en cuya redacción se refleja también el compromiso por parte de las Comunidades Autónomas de mantener su inversión. Este acuerdo, ha señalado el ministro, es necesario para mejorar y fortalecer el sistema de atención a la dependencia, así como para poder iniciar la transición a un nuevo modelo de cuidados para personas dependientes, tal y como establece la estrategia estatal aprobada la semana pasada, en la que se priorizan los cuidados en el domicilio, la teleasistencia y los centros de día.
También sobre la financiación, en este Consejo Territorial se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo específico sobre financiación en materia de Dependencia. A este respecto, el ministro Bustinduy ha pedido que este grupo sirva para llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sistema de atención a la dependencia y ha pedido a todos los gobiernos autonómicos llevar a cabo una "política de Estado de amplios consensos que permita blindar los recursos necesarios y que evite que vuelva a haber recortes en el sistema", ha añadido.
Por otra parte, en este Consejo Territorial se han abordado otros puntos importantes como la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales está llevando a cabo con el objetivo de adaptar la normativa a las demandas y necesidades de la sociedad actual, así como para adecuarla al nuevo artículo 49 de la Constitución Española, y a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta reforma se realizará a través de un único anteproyecto de ley que será aprobado este mismo verano, en primera lectura, por el Consejo de Ministros. Para esta reforma, en este Consejo Territorial se reafirmado la voluntad de que Ministerio de Derechos Sociales y Comunidades Autónomas sigan trabajando de forma estrecha para alcanzar un texto de amplio consenso y transversalidad.
Además, en el Consejo Territorial se ha hecho balance de los avances en la gestión del programa básico de tarjetas monedero, el nuevo sistema para ofrecer alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Este sistema se puso en marcha en abril de manera transitoria por parte de la Administración General del Estado, en colaboración con Cruz Roja, y desde mayo está siendo gestionado por los gobiernos autonómicos.
Sobre este punto, el Ministerio de Derechos Sociales ha presentado una propuesta a los gobiernos autonómicos para seguir trabajando de forma conjunta y facilitar así que el sistema de tarjetas monedero siga operando más allá de 2024, cuando finaliza la gestión transitoria del Gobierno de España. Esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad por todas las partes. Los gobiernos autonómicos, por su parte, ya están llevando a cabo su labor de identificar a las familias a las que se asignarán estas tarjetas monedero y derivar a estas familias a Cruz Roja para la entrega de las tarjetas. Actualmente, ya hay seis comunidades que han comenzado a derivar a familias a Cruz Roja para que puedan recibir estas tarjetas, y está previsto que el grueso de las demás comunidades autónomas inicie las derivaciones de forma inminente.
En relación con otros asuntos, en este consejo también se ha informado sobre:
Los criterios de distribución de las cuantías del crédito destinado a la financiación del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y del Plan de Desarrollo Gitano.
La propuesta de reparto de los recursos con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, para el año 2024, para la concesión de subvenciones a los programas de interés general.
Por último, en el Consejo Territorial celebrado este martes se ha acordado que Asturias será la próxima sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2024. Así mismo, se ha aprobado una guía elaborada por el Centro Español de Autismo orientada a las CCAA con orientaciones y apoyos dirigidos a las familias de personas con autismo.