La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido a petición propia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Redondo ha insistido en la necesidad de renovar este Pacto para ampliar su campo de acción y afrontar otras formas de violencia fuera de la pareja y ex pareja. La comparecencia ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas: 1.245 mujeres asesinadas desde 2003, cinco de ellas en este 2024.

La ministra de Igualdad ha señalado el Pacto contra la Violencia de Género como una herramienta básica para luchar contra la violencia de género, un objetivo a alcanzar en colaboración con las administraciones públicas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones e instituciones del Estado, así como con el movimiento asociativo y la ciudadanía. "La lucha contra la violencia de género no es sólo penal, policial o asistencial. Es ante todo una lucha ética", ha apuntado Redondo.

Por otro lado, la ministra ha querido recordar que el 25 de noviembre de 2021, día contra la violencia de género, todos los grupos políticos, excepto Vox, firmaron en el Congreso un compromiso de renovación del Pacto de Estado. "En un contexto político caracterizado por la emergencia de movimientos negacionistas de la violencia de género, se hace imprescindible reforzar la unidad de las y los demócratas en la defensa de la igual dignidad de mujeres y hombres para el completo desarrollo del proyecto vital en condiciones de libertad", ha añadido.

Novedades propuestas para la renovación del Pacto

En su comparecencia, la ministra de Igualdad ha señalado las novedades que se introducirían al Pacto como la violencia en el ámbito digital. Ana Redondo ha insistido en que "las mujeres y las niñas experimentan formas diferentes y más traumáticas de ciberviolencia". Ante esta situación, se propone que el Pacto incluya líneas de actuación para luchar contra el ciberacoso, la "pornografía de venganza", la denominada "sextorsión", amenazas de violación, amenazas de muerte, trata y tráfico de seres humanos facilitados electrónicamente.

En segundo lugar, Ana Redondo ha señalado la necesidad de incluir medidas para evitar el acceso en edades tempranas a la pornografía. "Es fundamental abordar este problema de manera efectiva y brindar a los menores el apoyo y la educación necesarios para comprender la sexualidad de manera saludable y respetuosa", ha explicado la ministra quien ha propuesto fortalecer la educación afectivo-sexual adaptada a cada edad de aprendizaje y ha anunciado que trabajará con el Ministerio de Educación para implementar estos contenidos.

Ana Redondo ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno de un gran Acuerdo para proteger a los niños, niñas y adolescentes en la red y que a lo largo del año se pondrá en marcha el sistema de verificación de la edad en la que se trabaja con la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica de Moneda y Timbre.

Otra de las novedades que se propone incluir en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se centra en la prostitución y la trata. "La prostitución es una forma de violencia, y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y niñas no sean prostituidas, queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo", ha asegurado Ana Redondo quien además ha remarcado que la trata no puede desligarse de la prostitución.

En este sentido, la ministra ha apuntado la necesidad de dotar de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas, además de un marco legal que ponga el foco en los consumidores de prostitución y en quienes se lucran de ella, sancionando la demanda, persiguiendo todas las formas de proxenetismo y recuperando la tipificación penal de la tercería locativa. De esta forma, la ministra de Igualdad ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar una proposición de ley que incluye el texto referente a la tercería locativa, como la modificación del artículo 187 del Código Penal para ampliar la dimensión del proxenetismo. También ha recordado que se trabaja en la futura Ley contra la trata.

Por último, la ministra ha explicado que se han iniciado los trabajos para realizar la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 que incluirá preguntas para medir con mayor rigor el acoso digital, o conocer si un episodio violento tuvo origen digital. También incorpora el impago de pensiones a la violencia económica, o se introducen preguntas para conocer el consumo reciente de tabaco, alcohol y drogas, así como, cuestiones para conocer si la violencia pasada sigue teniendo consecuencias en la salud física o mental de las entrevistadas.

Balance de las medidas del Pacto de 2017

La ministra de Igualdad ha realizado un balance del grado de cumplimiento de las medidas acordadas en 2017. De esta forma, del total de medidas del Pacto de Estado de 2017 en las que la Administración General del Estado es responsable (284 de las 290) el 96,8% están cumplidas o en proceso (190 cumplidas y 85 en proceso), mientras que un 3,2% están pendientes de ejecución.

En cuanto a la financiación, la ministra de Igualdad ha señalado que en 2023 se incrementó el importe destinado a las Comunidades Autónomas hasta los 140 millones de euros; una cifra que el Ministerio elevará hasta los 160 millones en 2024.

Nuevos ámbitos de actuación

La ministra ha urgido a todos los grupos parlamentarios a retomar los trabajos iniciados para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género "acordando las medidas necesarias para dar una mejor respuesta a las víctimas, atendiendo, además, a las nuevas formas de violencia". Ana Redondo ha destacado la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional, por lo que ha asegurado que se reforzará el papel de las Unidades de Coordinación dependientes de la Delegación del Gobierno, y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares, para el impulso y seguimiento de las medidas del Pacto.

Además, ha señalado la necesidad de implementar medidas para combatir la violencia de género en el ámbito rural, trabajando con las asociaciones de mujeres rurales; la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral en todas las Comunidades Autónomas o fortalecer el sistema de respuesta judicial a las víctimas. A esto se une el desarrollo de los Centros de crisis 24 horas en cada una de las 50 provincias y dos ciudades autónomas del país o desplegar el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia