El GRECO ha destacado importantes avances en el régimen de la Fiscalía con la aprobación del Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha publicado la Adenda al Segundo Informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación de España que versa en torno a la "Prevención de la Corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales". Tal y como apunta el informe, España ha implantado satisfactoriamente siete de las once recomendaciones que se hacían en el primer Informe de Evaluación, estando tres parcialmente cumplidas.

El GRECO ha considerado cumplida la recomendación XI, en la que instaba a España a desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, para que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial.

En este sentido, en el informe se han destacado importantes avances en lo que tiene que ver con el régimen de los fiscales gracias a la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, operada por el nuevo reglamento orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por el Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo. El GRECO ha subrayado la relevancia de esta norma para el cumplimiento de las recomendaciones, especialmente teniendo en cuenta que el reglamento anterior era de 1969 y, por tanto, preconstitucional.

Así pues, con la aprobación de esta norma, el GRECO ha estimado que España ha introducido de manera satisfactoria un régimen disciplinario para los fiscales, estableciendo un procedimiento para la determinación de responsabilidad, así como, en su caso, el establecimiento de sanciones que, según la gravedad, van desde una advertencia hasta la separación del servicio. Además, ha destacado que este procedimiento contiene todas las garantías de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, proporcionalidad, derecho a ser oído o posibilidad de recurso, entre otros aspectos.

Además, el GRECO ha valorado positivamente el establecimiento expreso de la definición, el carácter constitucional, los principios rectores de la institución y la determinación del marco jurídico, la clasificación de las distintas categorías que componen la carrera fiscal, la regulación de la adquisición y la pérdida de la condición de miembro del Ministerio Fiscal.

En este sentido, la nueva norma consagra el principio de imparcialidad por el que el Ministerio Fiscal no está sujeto a instrucciones o indicaciones y el principio de publicidad de las resoluciones del fiscal general relativas a los nombramientos, remociones y destacamentos, convocatorias o avisos.

Por todo ello, el GRECO ha felicitado a España por las medidas adoptadas para aumentar la autonomía de gestión del Ministerio Fiscal y aquellas destinadas a aumentar la plantilla de la fiscalía.

Unido a estos avances, el GRECO ha apremiado a España a seguir avanzando y reforzando la autonomía de la Fiscalía, al ser un tema que sigue suscitando la preocupación de la opinión pública.

Con respecto a los jueces, la mayoría de recomendaciones se encuentran ya cumplidas. No obstante, el GRECO ha considerado preocupante que la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve cuatro años paralizada. Por ello, ha instado a España a abordar este asunto de manera prioritaria, así como a seguir avanzando en la percepción de independencia del órgano de gobierno de los jueces.

En el plano parlamentario, todas las recomendaciones se encuentran cumplidas con excepción de la que tiene que ver con la regulación de la relación entre diputados, senadores y lobbies, regulación en la que se está trabajando en la actualidad.

Por otro lado, el informe también señala que, en la práctica, y a pesar de los requisitos de transparencia introducidos por el Código de Conducta de las Cortes Generales, sigue existiendo opacidad en lo que tiene que ver con los contactos de los diputados con los grupos de interés. A su vez, se hace eco del Informe Anual de la Oficina de Conflictos de Interés de las Cortes Generales emitido el pasado julio, en el que se señala que 207 miembros de la Cámara Baja no han hecho pública su agenda, y tan solo 78 han hecho pública su agenda parlamentaria y su agenda personal.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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