El Gobierno trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, para que la nueva Política Agraria Común (PAC) entre en vigor el 1 de enero de 2023.
La Comisión Europea ha aprobado hoy el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España. Una PAC "más justa, más sostenible y más social, que dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional", según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Junto al plan de España, la Comisión Europea ha aprobado también los planes de otros 6 Estados miembros: Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal.
Para el ministro Luis Planas se trata de una excelente noticia, porque esta aprobación da certidumbre y seguridad al sector agrario, ya que la PAC supone entre un 20 y un 30 por ciento de las rentas que perciben agricultores y ganaderos. Se trata de un plan estratégico diseñado para asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas y de los territorios rurales donde se asienta.
Además, con el plan han quedado aprobadas las medidas de apoyo al desarrollo rural, tanto las impulsadas por las comunidades autónomas como las de competencia estatal. Por lo tanto, el plan recoge en un documento único de programación medidas que en periodos pasados se distribuían a través de los diferentes Planes de Desarrollo Rural autonómicos, aprobados en distintos plazos, que podrán empezar a gestionarse sin retrasos, como ocurrió en las anteriores PAC.
Principales novedades del Plan Estratégico
El plan supone una herramienta clave para facilitar la respuesta de la agricultura a las demandas medioambientales y sociales de la sociedad. Para ello, va a impulsar cambios profundos, pero graduales, para lograr una agricultura más justa, rentable y social.
Los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61 % irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23 % al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14 % a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2 % para el pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades del plan, el sector contará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.
Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Otra de las grandes novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15 % adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.
Junto con las ayudas directas, el plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural. Entre estas últimas, las principales partidas van destinadas a inversiones (740 millones de euros, de los que un 44 % serán para inversiones con fines ambientales); 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para los programas LEADER; 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.
Ecorregímenes
Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Por eso, se destinará un 23 % del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, diseñados para que tengan una amplia acogida.
Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad. Se trata de medidas de carácter voluntario, que los agricultores deben analizar desde este mismo momento con el fin de poder elegir qué prácticas solicitar el año que viene y obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de los fines ambientales.
Paquete legislativo
En estos momentos, el Gobierno trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Entre ellos se encuentran los borradores de reales decretos que se publicaron a finales del pasado mes de julio para su audiencia pública y han permitido dar a conocer al sector los detalles de cómo se aplicarán a partir de la próxima campaña elementos tan importantes de la PAC como la condicionalidad, los derechos de ayuda básica o los detalles de las diferentes medidas, incluidos los requisitos y los importes previstos para los ecorregímenes.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia