El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido en el Congreso el Real Decreto-ley de medidas urgentes para La Palma, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre, que incluye diversas actuaciones con una inversión estimada de 214 millones de euros

A esta inversión se añaden 10,5 millones para compra de viviendas y enseres que se aprobaron el 28 de septiembre, una semana después de la erupción.

"Nuestro estado de bienestar y, en general, el conjunto de servicios que prestan todas las Administraciones Públicas conforman la red de seguridad que nos sostiene cuando nos enfrentamos a una crisis. La erupción del volcán ha vuelto a dejar patente que los recursos públicos son el punto de apoyo para poder afrontar cualquier contingencia", ha asegurado Bolaños.

El Gobierno ha movilizado todos los recursos para abordar las necesidades de los palmeros y las palmeras desde el momento en que comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja y las actuaciones se han desarrollado en tres fases: una primera de prevención, que permitió la rápida evacuación de los habitantes de los municipios afectados; una segunda fase de respuesta a la emergencia, que asegura que las personas tienen cubiertas sus necesidades básicas; y, finalmente, la fase de reconstrucción, que se está diseñando y avanzando para completarla lo más rápido posible una vez cese la actividad del volcán.

Estas tres fases de actuación se han llevado a cabo en coordinación con todas las Administraciones Públicas implicadas, que se han integrado en una Comisión Mixta (formada por el Gobierno central, el Gobierno autonómico, Cabildo y ayuntamientos) y una Comisión Interministerial (de la que forman parte 12 ministerios más otros que intervienen si es necesario).

Además de las ayudas económicas, el Gobierno aprobó también el reconocimiento de ERTES específicos para las empresas afectadas por el volcán, y el derecho de los autónomos a acogerse a la prestación por cese de actividad.

Medidas aplicadas en el Real Decreto-ley

El Real Decreto-ley incluye dos tipos de medidas: subvenciones y ayudas directas, para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos, agrícolas y pesqueros, infraestructuras y medio ambiente, y actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social.

En total, incluye ayudas en diez ámbitos:

1.- Ayudas a viviendas y negocios.

Ayudas directas a corporaciones locales para afrontar los gastos derivados de la emergencia, con una cobertura de hasta el 100%.

Ayudas directas a personas físicas que hayan sufrido daños en sus viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Gracias a esta medida, las personas que no tengan seguro, o aquellas cuyo seguro no cubra el 100% de los daños, podrán recibir hasta 30.240€, que es el doble de lo estipulado con carácter general.

2.- Medidas relativas a empleo, Seguridad Social y planes de pensiones.

Plan Extraordinario de Empleo y Formación, que se aprobará en las próximas semanas, con una dotación de 63M€.

Posibilidad de que los empresarios soliciten una moratoria en el pago de las cotizaciones devengadas entre octubre y enero, o un aplazamiento con interés reducido.

Y, como ya se hizo en pandemia, se prevé que las personas afectadas por el volcán puedan rescatar anticipadamente sus planes y fondos de pensiones.

3.- Sector de la agricultura y la pesca.

Ayudas directas a agricultores y ganaderos por valor de 18,8M€, que se transferirán esta misma semana al Gobierno de Canarias.

Posibilidad de permutar las fincas afectadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias.

4.- Resolución y suspensión de contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.

Ya se han acogido a esta medida más de 1.600 contratos, con un importe no facturado de más de más de 65.000€.

5.- Infraestructuras y movilidad.

40,5M€ para reconstruir la red viaria.

22M€ para la reparación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones,

servicios y centros sanitarios.

6.- Medidas de carácter fiscal.

Exención del IBI del año en curso para viviendas y establecimientos o la reducción de cuotas del IAE.

7.- Medidas para la protección de los consumidores, similares a las que se aprobaron durante la pandemia.

La suspensión de los plazos para ejercer el derecho de desistimiento de adquisiciones de bienes y servicios.

La exoneración de cumplimiento de contratos de compraventa o prestación de servicios y suministros que resulten de imposible cumplimiento.

Y la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos, tanto si son hipotecarios como si no lo son, independientemente de si están al corriente de pago o no.

8.- Refuerzo de los servicios sociales y la protección de víctimas de violencia de género.

Se va a hacer efectiva una subvención de 5 millones de euros a la Comunidad Autónoma para la prestación básica de servicios sociales.

Y se otorgará medio millón de euros para el refuerzo de las casas de acogida y la atención psicológica a víctimas de violencia de género.

9.- Recuperación de la biodiversidad, espacios naturales protegidos e investigación.

15 millones de euros para recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Palma.

10 millones de euros para recuperar el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

15,3 millones de euros para la reparación de daños en la biodiversidad y el patrimonio natural.

10.- Por último, se incluye también medidas complementarias para agilizar todos los trámites, a través de la creación de sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consulta en el Registro de la Propiedad. En este sentido cabe reseñar que ya se han creado tres nuevas oficinas notariales.

Otras medidas

Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas para seguir dando cobertura a las necesidades de los palmeros y las palmeras.

Entre la nuevas iniciativas destacan, por ejemplo, la exención de IRPF y de impuesto de sociedades de las ayudas; la extensión de la prestación por cese de actividad en los casos en los que los autónomos han tenido que suspenderla temporalmente o han visto reducidos sus ingresos en un 50% y la posibilidad de comercializar plátanos dañados pero aptos para el consumo.

"Este Gobierno cumple. Y mantendrá su compromiso hasta que se restablezca la normalidad económica y social en la isla. Solo daremos por finalizada nuestra misión cuando todas las personas afectadas hayan retomado sus proyectos vitales y se haya recuperado la normalidad total", ha concluido Bolaños en su intervención, antes de que el Congreso de los Diputados convalidara por mayoría el Real Decreto-ley.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia