El objetivo de las subvenciones es poner en marcha un instrumento que facilite el acceso a la financiación de explotaciones agrarias, operadores del sector pesquero y pymes agroalimentarias. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 29 de octubre y tendrá una duración de 4 meses.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el extracto de la orden por que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones de las comisiones para obtener avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de pymes de la industria agroalimentaria que les sirvan de garantía para la obtención de préstamos para su financiación. La convocatoria tiene un presupuesto total de 2 millones de euros.

La orden publicada hoy regula las subvenciones establecidas en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio. El objetivo de estas subvenciones es facilitar el acceso a la financiación a los operadores del sector agroalimentario y pesquero afectados por situaciones de diversa índole. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará mañana, 29 de octubre, y tendrá una duración de 4 meses.

Los 2 millones de euros para estas ayudas serán financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y el importe máximo de crédito total avalado se estima en torno a 40 millones de euros. Las ayudas se conceden en régimen de concesión directa por riguroso orden de presentación de las solicitudes.

El MAPA subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 75.000 euros por titular de explotación, operador económico, armador o propietario de embarcaciones, o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo no supere los seis años, pudiéndose incluir en este tiempo un año de carencia. En el caso de las pymes agroalimentarias la subvención del coste del aval podrá llegar a un importe máximo de 120.000 euros, con los mismos plazos. También reciben apoyo especial los jóvenes del sector agrario y pesquero, los asegurados del sector agrario y los miembros de organizaciones de productores.

Con este real decreto de bases reguladoras se dota de la suficiente agilidad para que el sector pueda disponer de acceso al crédito ante situaciones imprevistas que perturben la dinámica empresarial, bien sea climatológica o de mercado. Se trata por tanto de una herramienta más de gestión del riesgo, en línea con las necesidades identificadas en el Política Agraria Común (PAC) o la Política Pesquera Comunitaria (PPC) de la Unión Europea.