El proyecto de presupuestos de 2022 confirma el cambio de tendencia iniciado el año pasado, asegurando una mayor inversión social hacia la recuperación necesaria tras el fuerte impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Se debe hacer un esfuerzo mayor, tomando medidas más valientes en materia fiscal e incorporando mayor transparencia y medidas específicas en la implementación de los fondos de recuperación.

La recuperación no será justa e inclusiva si no se logran mayores avances concretos hacia una fiscalidad progresiva que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“Las propuestas tributarias contempladas en este proyecto de ley de PGE 2022 resultan insuficientes y poco ambiciosas”, afirma Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. “Perdemos una gran oportunidad para avanzar en ciertos ajustes, especialmente en el impuesto del patrimonio y en la imposición de las rentas de capital, para conseguir una mayor progresividad del sistema en su conjunto”. Cortada insiste en que “con estas previsiones de ingresos tributarios, el esfuerzo fiscal sigue recayendo en el conjunto de las familias y las personas trabajadoras, frente a las empresas y el capital”.

La principal medida estrella propuesta en los PGE 2022 es que las empresas paguen un mínimo efectivo del 15% del impuesto de sociedades. Sin embargo, este tipo se va a seguir calculando sobre una base imponible agujereada por innumerables deducciones, exenciones y créditos fiscales que benefician especialmente a la gran empresa. Para avanzar en un impuesto de sociedades más justo y equitativo son necesarios ciertos ajustes encaminados a cambiar la propia normativa nacional, por ejemplo, limitando al 90% las deducciones de dividendos y plusvalías en el exterior.

Asimismo, la organización insiste en que resulta necesaria una acción decidida para evitar el traslado artificial de beneficios por parte de las grandes empresas. En este punto, el gobierno se lo juega todo al acuerdo global impulsado por la OCDE (BEPS 2), pero los detalles del acuerdo no parecen suficientes para poner coto a estas prácticas. Tanto el tipo mínimo global efectivo finalmente considerado (lejos del 25% propuesto inicialmente), como las exenciones y exclusiones consideradas hacen de este un acuerdo menos contundente.

En cuanto a los Fondos Europeos, el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 propone un techo de gasto de 196.142 millones de euros, de los cuáles 27.633 millones procederán de dichos fondos. “Es clave que se avance en una mayor transparencia de información sobre a qué sectores y a quiénes llegarán esos fondos, y cómo se va a reducir la pobreza y la desigualdad a través de la ejecución de los mismos, asegurando que nadie queda atrás” dice Cortada. 

En lo referente al gasto, “sí creemos que estos PGE 2022 confirman un cambio de tendencia hacia una mayor inversión social tratando de dar respuesta a las enormes necesidades que ha traído consigo la pandemia y que en buena parte son el resultado de un modelo económico previo, insuficiente para garantizar un crecimiento inclusivo”, señala Franc Cortada. “Es positivo ver que estos presupuestos no apuestan por la austeridad y el recorte del gasto público que se hizo como respuesta para salir de la crisis anterior. Pero, de nuevo, aún hay aspectos que mejorar y esperamos que esto suceda durante la negociación en el Congreso”.

En cuanto a la subida por segundo año consecutivo del IPREM, índice de referencia que se utiliza para calcular las ayudas públicas, la ONG considera que confirma un cambio de tendencia al alza que permitirá que más personas puedan acceder a subvenciones y ayudas públicas, pero insuficiente para evitar la pérdida de poder adquisitivo de quienes acceden a estas prestaciones, ya que este incremento anunciado podría quedar por debajo del aumento de precios.

Así mismo, recordemos que “el IPREM sigue siendo un índice arbitrario, sujeto a decisiones políticas”, señala Franc Cortada, “es necesario avanzar en el diseño de un mecanismo de actualización de las transferencias basado en indicadores objetivos, y no depender de criterios de voluntad política que pongan en riesgo la cobertura de las familias más vulnerables”.

“El incremento del 23% en el Sistema para la Autonomía y Ayuda a la Dependencia (SAAD) es una buena noticia que permitirá una mayor y mejor cobertura de las necesidades de cuidados de las personas dependientes y sus familias” apunta Cortada, que incide en la necesidad de que este incremento presupuestario “venga acompañado de otras medidas, como la reducción de las listas de espera y la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios de cuidados, en su mayoría mujeres migrantes trabajadoras del hogar, muchas de ellas en situación administrativa irregular”.

Desde Oxfam Intermón se valora positivamente el aumento de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 965 euros al mes y advierte que serán necesarios pasos ambiciosos en las progresivas revisiones de 2022 y 2023 para continuar la senda del incremento hasta alcanzar el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como se prometió en el acuerdo del Gobierno de coalición.

“Nos alegramos del protagonismo que los jóvenes tienen en estos presupuestos, al tiempo que remarcamos la importancia de apuntar a los problemas estructurales que les afectan, asentados en las disfuncionalidades del mercado laboral o de acceso a vivienda” dice Cortada. “Tenemos una oportunidad en los fondos Next Generation de mejorar la estructura ocupacional, aumentando el peso en la economía de sectores de más valor añadido, siendo esta senda una de las principales políticas para acabar con la precariedad, y en concreto la juvenil”.

En materia de juventud, Oxfam Intermón recuerda que es necesario aumentar los esfuerzos que el sistema de bienestar hace por la protección del que es ya el segundo grupo de edad en mayor riesgo de exclusión social, solo precedido por la infancia. En este sentido, es imprescindible que, mientras se trabaja por aumentar la cobertura de la prestación contributiva mediante una mejora de sus condiciones laborales, se les incluya en mayor medida como receptores de prestaciones no contributivas. Ajustes como destinar 2.000 millones de euros (el 2% del presupuesto total) de los fondos de recuperación que el Gobierno dice son para juventud al IMV permitiría a 350.000 jóvenes salir de la pobreza, según cálculos publicados por el Consejo de la Juventud de España.

Sobre Ayuda al Desarrollo (AOD) la organización señala que no es posible hablar de una recuperación justa si no la abordamos desde la justicia global y las responsabilidades compartidas, por lo que esperamos conocer, en las próximas fechas, los detalles de un presupuesto que apueste decididamente por la cooperación internacional a través de un significativo aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo que permita alcanzar el 0,35% de la RNB en el año 2022. Un aumento de esta naturaleza nos situaría en la senda que permitiría alcanzar el 0,5% de la RNB al final de esta legislatura. “Confiamos en ver reflejado en los PGE 2022 una apuesta por una verdadera recuperación justa, desde una perspectiva global” concluye Franc Cortada.