Los productos falsificados pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad

El 6,8 % de las importaciones de la UE (por valor de 121 000 millones EUR) son falsificaciones

En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsificados por valor de 4 000 millones EUR

Según el estudio Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual (PI) realizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, a los consumidores les sigue resultando difícil distinguir entre productos auténticos y falsificados.

Casi uno de cada diez europeos (9 %) afirmó haber sido engañado al comprar falsificaciones, con diferencias significativas entre los Estados miembros de la UE. Los países con un mayor porcentaje de consumidores engañados son Bulgaria (19 %), Rumanía (16 %) y Hungría (15 %). Por el contrario, Suecia (2 %) y Dinamarca (3 %) registran las cifras más bajas de la UE. España está por encima de la media de la UE, con un porcentaje de un 12 % que afirma haber sido engañado para comprar productos falsificados.

En un contexto mundial en el que el comercio electrónico está en auge (más del 70 % de los europeos compraron en línea en 2020, según Eurostat), la incertidumbre en relación con los productos falsificados sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos de la UE. Según el estudio, un tercio de los europeos (33 %) se ha preguntado si un producto que habían comprado era original.

Las falsificaciones representan el 6,8 % de las importaciones de la UE, por valor de 121000 millones EUR, según un estudio conjunto realizado por la EUIPO y la OCDE, y afectan a todos los sectores: desde los cosméticos y los juguetes, el vino y las bebidas, la electrónica, hasta las prendas de vestir e incluso los plaguicidas. Además, pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular debido a la exposición a sustancias químicas peligrosas, así como a otros peligros.

La preocupación por los productos falsificados ha aumentado durante la pandemia de la COVID-19. La proliferación de medicamentos falsificados, como antibióticos y analgésicos, y más recientemente, otros productos médicos, como los equipos de protección personal y las mascarillas, ha puesto el foco en este fenómeno, ya que los infractores se aprovechan de la incertidumbre de las personas sobre los tratamientos y las vacunas emergentes.

Además de los riesgos para la salud y la seguridad, las falsificaciones suelen provocar fallos de seguridad y pérdidas financieras.

La piratería digital es también un mercado lucrativo para los infractores. En el caso del IPTV (contenido televisivo adquirido a través de una conexión a internet), las pérdidas son significativas. Los proveedores de IPTV ilegal ganan en la UE casi 1000 millones EUR al año, lo que perjudica a los creadores de contenidos y a las empresas legítimas.

Los delitos contra la PI son una actividad lucrativa en la que participan grupos de delincuencia organizada y cada vez hay más pruebas que demuestran la existencia de vínculos entre la falsificación y la piratería, así como otros delitos como el tráfico de drogas y de personas, la ciberdelincuencia o el fraude.

El director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau, ha señalado que:

La propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de Europa, y un elemento clave para nuestra recuperación social y económica, especialmente para las pequeñas empresas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el problema de los delitos contra la PI, con el aumento de los medicamentos y los productos médicos falsificados que representan una amenaza adicional para la salud y la seguridad de los ciudadanos. Se trata de una cuestión que viene de largo, a menudo interrelacionada con otros tipos de actividades ilegales, que requiere una actuación urgente, sólida y coordinada, y que recientemente se ha vuelto a incluir como una de las diez prioridades principales de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada.

LAS PYMES Y LA VULNERACIÓN DE LOS DPI

Las falsificaciones no solo afectan a los consumidores, sino que también suponen un perjuicio importante para la economía de la UE y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según el Barómetro sobre las pymes y la PI publicado por la EUIPO, una de cada cuatro pymes en Europa afirma haber sufrido vulneraciones de la PI, un 25,6 % solo en España.

Las empresas titulares de derechos de PI, como marcas o patentes, denunciaron una pérdida del volumen de ventas (33 %), daños a su reputación (27 %) y una pérdida de la ventaja competitiva (15 %) debido a la vulneración de sus derechos.

En la actualidad, menos del 9 % de todas las pymes de la UE tienen registrados sus propios derechos de PI. Pero para aquellas que sí lo hacen, la PI marca una gran diferencia: Las pymes titulares de DPI, como patentes, dibujos y modelos o marcas, obtienen un 68 % más de ingresos por empleado que aquellas que no son titulares, y sus empleados perciben salarios más altos.

Para aumentar la concienciación sobre el valor de la PI y ayudar a las pymes a potenciar su competitividad en el mercado, la EUIPO ha puesto en marcha el programa Ideas Powered for Business, incluido un Fondo para Pymes de 20 millones EUR, en cooperación con la Comisión Europea y las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros. Esta iniciativa subvenciona tanto los servicios de evaluación de la PI como el 50 % de las tasas de solicitud de marcas, y dibujos y modelos a escala nacional, regional o de la UE, y actualmente ayuda a miles de pymes a desarrollar sus estrategias de PI en estos tiempos difíciles.

SOBRE LA EUIPO

La EUIPO es una agencia descentralizada de la UE con sede en Alicante (España). Se encarga de gestionar el registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que protegen la propiedad intelectual en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La EUIPO también colabora con las oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales de la UE.

El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual se creó en 2009 para respaldar la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual y ayudar a combatir la creciente amenaza que suponen las vulneraciones de la propiedad intelectual en Europa. Se encomendó a la EUIPO el 5 de junio de 2012 en virtud del Reglamento (UE) n.°386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.