El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2020 con este déficit que supone 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Unas cifras que recogen el impacto en las cuentas públicas de la mayor pandemia mundial en el último siglo pero también el esfuerzo sin precedentes realizado por España para combatir esta emergencia sanitaria.

El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2020 con un déficit del 10,09% del PIB, lo que supone 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Unas cifras que recogen el impacto en las cuentas públicas de la COVID-19, la mayor pandemia mundial en el último siglo. Pero también reflejan el esfuerzo sin precedentes realizado por España para combatir esta emergencia sanitaria y desplegar una batería de medidas centradas en mitigar la crisis económica y social derivada de esta pandemia.

Si se incluye la ayuda financiera, el déficit se eleva hasta los 123.072 millones, el 10,97% del PIB, debido a la reclasificación de SAREB ordenada por Eurostat, que supone un impacto de 9.891 millones y computa en este apartado. En cualquier caso, incluso con este incremento el dato de déficit de 2020 es inferior a la previsión del Gobierno (11,3%) incluida en el Plan Presupuestario o a la estimación realizada por organismos como el FMI (11,7%) y la Comisión Europea (12,2%).

En este contexto, se ha producido un descenso de los ingresos en términos de contabilidad nacional del 5%, lo que supone 24.487 millones menos. Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión los ingresos de la Agencia Tributaria en términos de caja han caído menos (8,8%) que el PIB nominal (9,9%), lo que pone de manifiesto la mejor resistencia del sistema fiscal y una mayor capacidad de recuperación. Por otra parte, el gasto público ha aumentado un 10,1%, lo que implica un aumento de 53.070 millones respecto a 2019.

En este contexto, los datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda muestran el compromiso histórico del Estado para mitigar la crisis. En concreto, casi 9 de cada 10 euros de incremento del gasto público registrado en 2020, excluida la ayuda financiera, se han destinado a medidas específicas para proteger las rentas de trabajadores, autónomos y al tejido productivo.

De hecho, de los 53.070 millones de incremento del gasto público, excluida la ayuda financiera, registrado en 2020, un 85% de esa cifra, (44.907 millones) es gasto consolidado derivado de la COVID-19 relativo a medidas aprobadas específicamente para amortiguar los efectos socioeconómicos de la pandemia (refuerzo sanitario y educativo, ERTEs, ceses de actividad, incapacidad temporal, etc.).

Otro dato relevante es que la Administración Central ha pagado o financiado a través de transferencias a otras administraciones el 90% del gasto público ligado a la COVID. En concreto, la Administración Central ha computado hasta 40.443 millones de gasto para combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia.

El resto del incremento del gasto se debe al juego de los estabilizadores automáticos, como por ejemplo, el aumento de las prestaciones ordinarias de desempleo. La adopción rápida y decidida de estas medidas ha evitado un mayor deterioro del tejido productivo (un aumento del cierre de empresas y mayor pérdida de empleo), hasta el punto que, de no haberse puesto en marcha estos paquetes de ayudas, el coste fiscal a largo plazo hubiera sido mucho mayor.

Reclasificación de la SAREB

Otro importante elemento que ha supuesto un aumento de gasto es la reclasificación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), creada en 2012, para incluirla en el sector de las Administraciones Públicas. En concreto, se incorpora en el subsector Administración Central, con un impacto en el déficit de 9.891 millones correspondiente al valor a finales de 2020 de su patrimonio negativo.

Hasta la fecha esta sociedad estaba incluida en el sector sociedades financieras. Esta reclasificación se produce por decisión de Eurostat de acuerdo con lo establecido en el sistema metodológico SEC 2010 respecto a este tipo de organismos de reestructuración creados con motivo de la crisis financiera o bancaria. Esta operación con un impacto de 9.891 millones se incluye en el saldo de la ayuda financiera, con un total a finales de 2020 de 9.900 millones.

Por último, también se ha producido en 2020 la reversión al Estado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 como consecuencia de la finalización del contrato de concesión. Esta operación no tiene incidencia en el déficit, pero sí tiene un impacto en los gastos, en la rúbrica formación bruta de capital fijo por el valor de los activos que revierten a su patrimonio, que se ha estimado en 1.745 millones, y en los ingresos, anotándose por el mismo importe una transferencia recibida en la rúbrica otras transferencias de capital.

Por subsectores, la Administración Central cierra con un déficit de 84.051 millones (7,49% del PIB) sin contar las ayudas financieras (ni el impacto de la SAREB ya mencionado); las CCAA registran un déficit de 2.306 millones (0,21% del PIB); las EELL alcanzan un superávit de 2.870 millones (0,26% del PIB); y los Fondos de la Seguridad Social un déficit de 29.685 millones (2,65% del PIB).

En el lado de los recursos, en términos de contabilidad nacional, los ingresos han disminuido un 5% (24.487 millones) debido fundamentalmente a los menores ingresos fiscales (21.674 millones). Esta caída se concentra en los impuestos sobre la producción y las importaciones (-11,8%), que recoge el descenso en la recaudación de tributos como el IVA y los Impuestos Especiales (-12,8%, en ambos casos) directamente relacionada con la disminución de la actividad económica asociada a las medidas de confinamiento y paralización de diversos sectores derivadas de la crisis sanitaria, así como a medidas normativas adoptadas como la aplicación de tipo cero reducido en el IVA de determinados bienes necesarios para combatir la pandemia.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio también se han visto afectados con el impacto de la crisis habiendo disminuido su recaudación un 3%. Más significativa es la disminución registrada en el Impuesto de Sociedades (-12,7%).

Recaudación en términos de caja

Si se analizan los ingresos tributarios en términos de caja, los datos de recaudación impositiva de la Agencia Tributaria muestran un descenso del 8,8% hasta situarse en los 194.051 millones. Se trata de un retroceso inferior al del PIB nominal (9,9%), lo que demuestra que el sistema fiscal ha resistido mejor que la economía a diferencia de lo que ocurrió en crisis anteriores como la de 2008, cuando los desplomes de los ingresos fiscales eran superiores al retroceso económico.

Cabe destacar el comportamiento del IRPF, único impuesto que registra un comportamiento positivo con un incremento del 1,2% en los ingresos hasta alcanzar los 87.972 millones. Esta evolución se debe a la protección del empleo mediante los ERTE. Además, la subida de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos ha permitido que la recaudación de esta figura tributaria resista mejor la crisis.

Por otra parte, el IVA retrocedió un 11,5% hasta los 63.337 millones con motivo de la caída del consumo por la menor actividad económica. Un comportamiento similar ha tenido los Impuestos Especiales con un retroceso del 12,1% hasta los 18.790 millones.

Por último, el Impuesto sobre Sociedades ha registrado la mayor caída de la recaudación al aportar solo 15.858 millones, lo que supone un descenso del 33,2%. Este comportamiento no obedece solo a los menores beneficios empresariales por culpa de la pandemia, sino que también está relacionado con las mayores devoluciones que se produjeron en 2020. En concreto, se abonaron muchas devoluciones solicitadas en el ejercicio 2018, que fueron especialmente elevadas porque ese año aumentaron los pagos fraccionados.

Además, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Real Decreto Ley aprobado en 2016 por un Gobierno anterior y que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable. Esta sentencia ha generado devoluciones por importe de 406 millones.

Por tanto, si solo se tuvieran en cuenta los beneficios empresariales, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades habría caído en torno al 23%, diez puntos menos que el descenso real que ha registrado.

Gasto por prestaciones y exoneraciones COVID

Por el lado del gasto, que se ha incrementado un 10,1% (sin incluir la ayuda financiera), caben destacar las siguientes partidas que provocaron este comportamiento: remuneración de asalariados (4,5%), subvenciones (71%), prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie (15,9%) y resto de empleos (52,3%).

En concreto, la evolución de la remuneración de asalariados se explica por el incremento general de las retribuciones de los empleados públicos del 2% derivado del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019. También por el último tramo de la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la paga extraordinaria a personal sanitario concedida por algunas CCAA, junto con el aumento de efectivos contratados en los ámbitos de educación y sanidad.

El incremento de las subvenciones se debe al registro en esta rúbrica de las exoneraciones de cuotas asociados a los ERTE y a la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, así como a las bonificaciones de cuotas en sectores de comercio, turismo y hostelería vinculados a la actividad turística, en lugar de registrase como menor ingresos por cotizaciones.

Del incremento por 31.276 millones que han experimentado las prestaciones sociales, 21.520 corresponden a prestaciones directamente asociadas a medidas COVID: los ERTE y demás subsidios de desempleo relacionados con la pandemia, prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos y prestación de incapacidad temporal por periodos de aislamiento.

En el resto de gastos, se recoge el derivado de la ejecución de diversas sentencias, como la dictada con ocasión del cierre del almacén submarino de gas Castor; la sentencia que declaró inconstitucional y nulo el Real Decreto-Ley 2/2016 por el que se modificó la regulación de los pagos fraccionados de Sociedades; el mayor impacto en 2020 de la sentencia relativa a la devolución de la prestación de maternidad y/o paternidad; y se incluyen asimismo ayudas destinadas a empresas y autónomos con motivo de las pérdidas excepcionales ocasionadas por la pandemia.

En sentido contrario, la única rúbrica que disminuye es la del gasto en intereses, que cae un 11,1% como consecuencia de la evolución descendiente de los tipos de interés. Una evolución que demuestra la confianza de los mercados en la solidez de la economía española.

Administración Central

El déficit de la Administración Central en 2020 (excluida la ayuda financiera), ha alcanzado los 84.051 millones de euros, lo que equivale al 7,49% del PIB. Si se incluye la ayuda financiera el déficit se eleva a 93.951 millones (8,38% del PIB). De esta cifra, 84.861 millones (7,57% del PIB) corresponden al Estado, mientras que los Organismos de la AACC registran superávit por importe de 810 millones (0,07 % del PIB).

Hay que destacar que la Administración Central ha asumido voluntariamente el mayor coste de la pandemia y se ha erigido como agente financiador de una parte muy significativa de los gastos en los que han incurrido las administraciones territoriales y los fondos de la Seguridad Social para atender las necesidades sanitarias, educativas y sociales surgidas como consecuencia de la crisis del COVID.

De hecho, la Administración Central ha aumentado las transferencias a otras administraciones públicas en 42.000 millones. Entre los gastos por esas transferencias destacan:

20.003 millones al Sistema de Seguridad Social para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas.

2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar prestaciones contributivas y cuotas de subsidios desempleo.

16.000 millones a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas correspondientes al Fondo COVID-19 y que han supuesto la mayor transferencia a los territorios al margen del sistema de financiación.

Seguridad Social

Los Fondos de las Seguridad Social elevan su déficit hasta los 29.685 millones de euros (2,65% del PIB). Este incremento se debe, en gran parte, a las medidas de protección de rentas de trabajadores y autónomos. El despliegue de esta red de seguridad para los colectivos más afectados por la pandemia alcanza los 29.311 millones de euros (el 2,6% del PIB), cuyas principales partidas son:

Por el lado de los ingresos, las cotizaciones crecen en términos interanuales un 0,9%. Hay que recordar, como ya se ha indicado, que a efectos de contabilidad nacional el registro de las exoneraciones de cuotas asociados a los ERTE y a la prestación extraordinaria de cese de actividad de autónomos, así como a las bonificaciones de cuotas en sectores de comercio, turismo y hostelería vinculados a la actividad turística, se registra como gasto por subvenciones en lugar de registrase como menor ingresos por cotizaciones.

Por tanto, todo el gasto correspondiente a exoneraciones por cuotas de la Seguridad Social no se registra con un menor ingreso por cotizaciones, sino como un mayor gasto por subvenciones. De los 23.371 millones que crecen los ingresos de los Fondos de la Seguridad Social, 22.404 millones corresponden a ingresos por transferencias de otras AAPP, que crecen un 144% respecto a 2019.

Los gastos se elevan un 20,3% (37.197 millones) respecto al mismo periodo de 2019. Este incremento se concentra fundamentalmente en las dos rubricas en las que impactan las medidas adoptadas para paliar la COVID-19. Así, las prestaciones sociales crecen un 17,4% (29.913 millones) y las subvenciones crecen un 292,3% (7.636 millones).

Por agentes, el Sistema Seguridad Social ha obtenido un déficit de 15.484 millones, supone un descenso respecto a 2019 en un 11,7%, como consecuencia de la transferencia recibida del Estado de 20.003 millones, para equilibrar el impacto económico de la pandemia en sus cuentas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registra un déficit en 2020 de 14.343 millones por el aumento del gasto en prestaciones sociales en un 92,1%, (17.374 millones más) hasta los 36.234 millones. Y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) obtiene un superávit de 142 millones.

Comunidades Autónomas

El déficit de las Comunidades Autónomas se situó en 2.306 millones de euros, el 0,21% del PIB, lo que supone un descenso del 67,5% respecto al ejercicio 2019 cuando cerró con un 0,57% del PIB.

El compromiso del Gobierno con las Comunidades Autónomas se refleja en que estas administraciones recibieron la mayor financiación de su historia en un contexto de pandemia mundial. En concreto, las CCAA han obtenido del Estado 16.889 millones para hacer frente a las nuevas necesidades surgidas con la pandemia. La mayor parte de esos recursos (16.000 millones) corresponden al Fondo COVID-19, de carácter no reembolsable. El Estado también ha transferido otros 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales o 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.

Asimismo, la liquidación definitiva de 2018, efectuada en julio de 2020, con un resultado neto a favor de las Comunidades de 10.754 millones, es superior en 4.657 millones al de la liquidación definitiva de 2017. Por último, el incremento neto de las entregas a cuenta del sistema de financiación, ha sido del 3% (3.067 millones más) hasta 106.663 millones, ya que el Ministerio de Hacienda decidió actualizarlas manteniendo la previsión de crecimiento del 1,6% previo a la pandemia para evitar una pérdida de recursos a las CCAA.

Conforme a lo anterior, los ingresos de este subsector registran un incremento del 9,4% interanual (17.571 millones). En esta evolución como ya se ha indicado, destaca el incremento del 17,3% que registran las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos recibidos del Estado y el aumento del 2,5% de los recursos impositivos, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 10,6% por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 20,9% (3.346 millones), donde la figura que más retrocede es la del ITP y AJD por la disminución de las transacciones económicas por la ralentización de la actividad.

Dentro del gasto no financiero, que aumenta respecto al año anterior un 6,6%, destacan especialmente los consumos intermedios, que crecen un 10,7% (3.249 millones), debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementa un 6,2% (5.057 millones) debido a la subida retributiva general como al incremento derivado del impacto de la COVID-19 a lo largo de todo el ejercicio. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 5% (1.486 millones), destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia.

Las subvenciones se elevan un 8,4% y las prestaciones sociales un 10%. Por su parte la formación bruta de capital fijo crece un 9,9% y el resto de empleos crece un 37,9% principalmente por las ayudas a la inversión.

Entre los gastos que descienden están las transferencias entre AAPP, que caen en un 2,3%, así como los intereses que disminuyen un 14,9%.

La distribución del déficit del subsector por Comunidades Autónomas es la siguiente:

A cierre del ejercicio hay nueve Comunidades Autónomas que registran superávit: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Rioja. Destaca, asimismo, que todas las CCAA salvo Canarias, Navarra y País Vasco, registran un mejor comportamiento al del año anterior.

En lo que respecto a los gastos COVID, de acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas a finales de diciembre, el gasto derivado de la COVID-19 asciende a 13.149 millones, de los cuales 8.284 millones corresponden a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19, tal y como recoge el siguiente cuadro:

Entidades Locales

Las Entidades Locales registraron superávit por octavo año consecutivo con un importe de 2.870 millones de euros. En términos de PIB el superávit asciende al 0,26% del PIB, cifra similar a la obtenida el ejercicio anterior (0,30%).

En concreto, los recursos de las Corporaciones Locales descendieron un 5,7%, hasta los 73.853 millones de euros, compensado parcialmente con el descenso de los gastos que retrocedieron un 4,8% hasta alcanzar los 70.983 millones.

El compromiso del Gobierno con las Entidades Locales se muestra en el incremento de los recursos procedentes del Estado, que alcanzaron los 19.119 millones, un 3,5% más.

De acuerdo con la información transmitida por las Corporaciones Locales, el gasto derivado de la COVID-19 ha ascendido a 1.250 millones. 

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia