El Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo, además de abordar la legislación y actuaciones necesarias para hacer frente a la COVID -Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la pandemia en el ámbito de la Administración de Justicia; planes de choque; trabajo deslocalizado; e inmediación digital-, en este primer año de legislatura ha cumplido con los objetivos marcados y compromisos adquiridos en su área de trabajo por el Gobierno de España para este periodo.

El Ministerio de Justicia ha avanzado hacia el fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea a través de, principalmente, dos mecanismos: el anteproyecto de LO de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) y el anteproyecto de LO de la Fiscalía Europea.

La reforma del proceso penal, impulsada por ambas normas, cumple con dos importantes objetivos: el primero es armonizar nuestro sistema con el de los países de nuestro entorno, donde la investigación está al cargo del fiscal. El segundo, es incorporar a nuestro ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo.

Actividad legislativa

A pesar de la pandemia, que ha mantenido paralizada parte de la actividad de la Justicia en 2020, el Ministerio de Justicia ha seguido trabajando en el desarrollo normativo y en acciones para potenciar el servicio público de Justicia. Así, entre los primeros trabajos llevados a cabo se encuentra la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma supone un elemento destacado de la lucha contra la impunidad y la corrupción, al modificar los plazos de instrucción de las investigaciones judiciales, que pasan de los 6 meses a los 12 meses de duración.

LECRim y Fiscalía Europea

Asimismo, se ha presentado el anteproyecto de la LECRim, que supone la transformación integral del proceso penal. La nueva norma se basa en dos principios: la coherencia institucional y la armonización con el derecho de la UE.

La nueva LECrim incorpora herramientas para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal. Se diseña así un nuevo modelo de proceso penal Constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna.

Por otro lado, se ha presentado el anteproyecto de LO de la Fiscalía Europea. LECrim y la Ley de Fiscalía Europea comparten un mismo espíritu: el de la investigación penal moderna y europea a cargo del ministerio fiscal. Incorporar al ordenamiento la nueva figura del Fiscal Europeo es una obligación establecida por la UE.

Justicia 2030

Además de su actividad legislativa, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el plan para la transformación del Servicio Público de Justicia: Justicia 2030. Un plan con un horizonte a 10 años que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas para la transformación del país. Basado en el diálogo, la transparencia y la cogobernanza, Justicia 2030, es una estrategia para hacer el Servicio Público de Justicia más accesible y eficiente.

En este marco de cogobernanza, el 23 de julio se celebró en Lerma la Conferencia Sectorial de Justicia para trabajar en medidas que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones en cualquier parte del territorio y para luchar contra la España vaciada. Así, se ha constituido un grupo de trabajo con la FEMP para iniciar el despliegue de la Nueva Oficina de Justicia en el municipio y se está trabajando en una reforma parcial de la Ley del Registro Civil.

También, dentro de Justicia 2030 y con este mismo objetivo de vertebración del sistema de Justicia en el territorio, se ha consolidado el proyecto de expediente judicial digital, seguro y accesible y se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que contiene un eje de medidas para la transformación digital, en el que se incluyen los juicios telemáticos.

Creación de 33 unidades judiciales y 540 plazas para jueces y fiscales

Otro de los objetivos cumplidos -recogido en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales, concursales, organizativas y tecnológicas- ha sido la creación en 2020 de 33 unidades judiciales para contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia.

Además, el Ministerio de Justicia ha impulsado en un año la convocatoria de 540 plazas de empleo público para jueces y fiscales, destinadas a la sustitución paulatina de empleo temporal y a la cobertura de las necesidades de la Administración de Justicia.

Compromisos para 2021

Entre los trabajos previstos llevar a cabo a lo largo de 2021, se encuentra la modificación del Código Penal. El objetivo es ambicioso: por una parte, la incorporación de directivas comunitarias; por otra, la acomodación de tipos penales al derecho comparado de la Unión Europea (sedición y rebelión). Por último, la actualización de tipos penales para potenciar la lucha contra nuevas formas de criminalidad, como la ciberdelincuencia, los delitos de odio o el maltrato animal.

El Ministerio de Justicia trabajará también para facilitar el acceso a la Justicia de grupos vulnerables. En este campo, ya se ha avanzado con varios anteproyectos de ley, como el de Discapacidad y el de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Igualmente, se continuará con la tramitación de la reforma del delito de proxenetismo, incluido en el anteproyecto de LO de Libertad Sexual.

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia