La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, y la subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Raquel González Peña, han comparecido en el Congreso para explicar los Presupuestos del Ministerio para 2021.

La primera en comparecer ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones ha sido González Peña, quien ha dado cuenta de las grandes líneas y ejes del presupuesto del Ministerio, que permitirá cumplir con los objetivos de implementar las recomendaciones del Pacto de Toledo y dar certidumbre a los pensionistas en materia de Seguridad Social; desplegar el IMV como palanca para el pleno desarrollo para políticas de inclusión en Inclusión; y reforzar las capacidades del sistema de acogida, protección internacional y atención humanitaria en Migraciones.

La subsecretaria del Ministerio ha puesto en valor la partida de 192,7 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Estos recursos permitirán por ejemplo destinar 100 millones para reformar el sistema de acogida de solicitantes de asilo, y 40 millones para el desarrollo de las políticas de inclusión. Además, estas cuentas recogen una partida de 56,2 millones para los procesos de digitalización de las políticas de este ministerio.

Como novedad en este ejercicio los Presupuestos recogen el Libro Azul, en el que se ponen en valor los términos de igualdad, familia, infancia y adolescencia, así como los objetivos de desarrollo sostenible. La subsecretaria ha recordado que el Informe de Impacto de Género realizado por primera vez en estos presupuestos de 2021 confirma que de los 11 programas con los que cuenta el Ministerio, 10 tienen una pertinencia de género media o alta; y de éstos, el 86% tienen un alto poder transformador en el ámbito de la igualdad de género.

Posteriormente ha comparecido Hana Jalloul. La secretaria de Estado de Migraciones ha explicado que el presupuesto para su área asciende a 487,6 millones en 2021, 106,7 millones más que en los presupuestos

prorrogados. De ellos, un total de 424,2 millones irán para acciones a favor de los inmigrantes y solicitantes de asilo, y 61 millones para acciones a favor de los emigrantes.

La secretaria de Estado ha remarcado que el objetivo de su departamento es cumplir con los compromisos internacionales y legales en la acogida e integración de personas solicitantes de asilo, así como prestar atención humanitaria a las personas que llegan de manera irregular a nuestras costas. Jalloul ha apuntado a la inclusión como eje central de la política migratoria, sin olvidar la garantía de la protección social de los emigrantes y retornados que carecen de recursos.

Durante su comparecencia ha incidido en la evaluación del sistema de acogida para solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional, que está llevando actualmente la EASO, con la finalidad de avanzar hacia un cambio de modelo basado en la eficacia y la eficiencia a través de la digitalización. "Queremos reforzar la autonomía y la capacidad del sistema para incrementar la capacidad asistencial a través de una red de centros propios, con un foco especial en Canarias", ha indicado.

Finalmente ha comparecido Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, quien ha anunciado que las políticas de su área tendrán un claro componente innovador, tanto por el uso de los datos en el análisis y diseño de las medidas, como en la forma de implementarlas.

Una parte muy destacada del presupuesto que ejecutará la Secretaría en 2021, que ascenderá a 120 millones, se dedicará a la puesta en marcha de experiencias piloto en el diseño y evaluación de itinerarios personalizados de inclusión para los beneficiarios del IMV (85 millones). Estos itinerarios serán implementados por comunidades autónomas, entidades locales, u organizaciones del Tercer Sector, con competencia en la materia, a través de convenios con el Ministerio.

Por otro lado, la Secretaría General de Inclusión seguirá evaluando el despliegue del Ingreso Mínimo Vital para garantizar la incorporación de todas las personas que, en situación de vulnerabilidad económica extrema, tienen derecho a la prestación. Todo ello sin olvidar la importancia que tiene para el Ministerio la elaboración de un mapa de las políticas de inclusión que ya se están desarrollando para poder garantizar la eficacia de las políticas públicas, concretamente, las de protección social dirigidas las personas en situación de vulnerabilidad.

El miércoles pasado, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde explicó las grandes cifras de los presupuestos de la Seguridad Social y las líneas de actuación para 2021. Según destacó, el proyecto de ley incorpora varias de las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, como son el mantenimiento del poder adquisitivo (con una subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las no contributivas), la separación de fuentes de financiación, la renovación y recuperación de la plantilla y la potenciación de la previsión social complementaria. 

Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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