La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha aplaudido el "éxito sin precedentes" de las reclamaciones de los trabajadores y destaca que el tribunal considera al ministerio parte interesada en el conflicto al respaldar que la planta siga funcionando.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado un auto en el procedimiento de las medidas cautelares interpuesto por los sindicatos Comisiones Obreras de Galicia (CCOO), Confederación Intersindical Gallega (CIG) y la Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT Galicia), y como partes interesadas el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia y, ordena a la multinacional Alcoa que se abstenga de "llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva a parada de las cubas" en la factoría de San Cibrao (Lugo).
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, celebra lo que considera un "éxito sin precedentes" para los trabajadores de la planta de Alcoa y un buen precedente que permite mantener activa la planta y preservar los puestos de trabajo, una posición que siempre ha defendido el Gobierno de España desde el inicio del conflicto laboral.
Maroto quiso ser prudente y espera que esta decisión judicial permita seguir trabajando con la Xunta de Galicia, los sindicatos y los representantes de Alcoa para generar un escenario de acuerdo que permita mantener las capacidades productivas y el empleo en A Mariña. "Desde el Gobierno de España siempre hemos trabajado por el acuerdo y seguimos tendiendo la mano a Alcoa para buscar soluciones para la planta de San Cibrao", ha señalado.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Abogacía del Estado, estuvo presente en la audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia donde se debatía sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas al expediente de regulación de empleo de la fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo). En la vista, el Gobierno defendió la paralización del ERE que afectaría a 524 personas y el aplazamiento de la paralización de las cubas hasta que un tribunal determine si el ERE es un fraude de ley.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
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