Es fundamental un enfoque integral, interseccional y de derechos humanos en la lucha contra la trata.

La pandemia de la Covid-19 ha aumentado el número de personas en riesgo de exclusión social y por tanto en riesgo de ser víctimas de trata.

Las medidas de confinamiento han provocado una mayor invisibilización y desprotección de las víctimas de trata.

Con motivo de la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Personas (18 de octubre), desde Accem queremos incidir en la importancia de un abordaje integral en la lucha contra la trata con fines de explotación, en la necesidad de abandonar el enfoque persecutorio y avanzar hacia una normativa y unas políticas públicas centradas en los derechos humanos.

Este 2020 está suponiendo una dura prueba a causa de la pandemia de la Covid-19. La pérdida de empleos, la falta de acceso a derechos básicos como son la alimentación, la salud y la vivienda, han conducido a muchas personas a una situación de pobreza y exclusión social, incrementándose, con este aumento de su vulnerabilidad social, el riesgo de ser víctimas de trata de personas.

Por otra parte, las medidas de confinamiento originadas por la propia pandemia han determinado una mayor invisibilización y desprotección de las personas víctimas de trata y explotación. Pensamos especialmente en las personas a las que apoyamos desde Accem, como son las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de protección internacional y las personas refugiadas, que se han visto desprotegidas y se han convertido en un blanco más fácil para tratantes y explotadores.

Por estas razones, desde Accem consideramos que es aún más necesaria y prioritaria la aprobación en España de una ley integral contra la trata que se defina por un enfoque integral, interseccional y de derechos humanos, que abarque todas las formas de explotación y a todas las víctimas afectadas, sean mujeres, hombres, niñas, niños o personas transgénero. Una ley que abandone el enfoque puramente persecutorio y orientado al control de la inmigración irregular y que se centre en dar una respuesta efectiva a las necesidades individuales y de asistencia y protección de cualquier víctima, que garantice el acceso real a derechos y servicios básicos y que establezca un mecanismo estatal de identificación y derivación efectivo. Una ley, en fin, que introduzca medidas reales para favorecer la inclusión real y a largo plazo de las víctimas de trata y explotación.