Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 9.738,18 millones de euros a 30 de junio de 2020. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 86.177,26 millones, que presentan un incremento del 19,76%, y unas obligaciones reconocidas de 76.439,08 millones, que crecen en un 8,73% respecto al mismo periodo del año pasado.
El volumen total de derechos reconocidos, el 92,53% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,47% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 86,81% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 13,19% por las mutuas.
En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 80.039,81 millones de euros, con un incremento del 13,15% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento 8,82%, totalizando 76.267,16 millones de euros.
Ingresos no financieros
En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 59.145,17 millones de euros, suponiendo 2.151,40 millones de euros menos (3,51%) que en el año precedente. Dicha circunstancia, viene motivada por la disminución de la cotización de ocupados en un 6,33%, mientras que la de desempleados se elevan un 44,07%.
El descenso en la cotización de ocupados viene motivado por las distintas medidas que el Gobierno ha aprobado, tras decretar el estado de alarma, para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria por cese de actividad.
A ello se une la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se pueden acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia por un periodo de seis meses.
Por otro lado, cabe destacar las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos que a 30 de junio se cifran en 379,68 millones de euros, lo que supone un incremento de 297,49 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido a la prestación extraordinaria, que incluye la exención de estas cotizaciones.
Las transferencias corrientes ascienden a un total 26.509,87 millones, lo que representa un incremento del 163,98% respecto del mismo período del año anterior. Dentro de este apartado la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 24.652,70 millones, un 206,65% más de incremento interanual.
Ello se debe, fundamentalmente, a la transferencia de 14.002,59 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la COVID-19, aprobada por Real Decreto ley 19/2020.
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas a familias e instituciones se situaron en 71.963,73 millones, un 9,55% más respecto al mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 94,15% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 66.752,64 millones corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 10,31%.
En un análisis detallado del área contributiva, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se elevan un 3,14% hasta sumar 56.529,17 millones. Este incremento tiene su origen en el descenso del número de pensionistas (0,22%), en la elevación de la pensión media (2,03%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (0,9%) aprobado por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero.
En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad se elevaron hasta los 1.435,94 millones, lo que representa un incremento interanual del 16,53%, donde se aprecia el efecto del aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.
El gasto en incapacidad temporal (IT) se ha visto incrementado un 18,82% hasta los 5.089,40 millones, siendo el gasto registrado en IT por procesos derivados de la COVID-19 (que cubre la enfermedad y el periodo de aislamiento) de 55,63 millones, un 1,09% del gasto total.
Merece atención especial la prestación extraordinaria para autónomos que ha sido abonada a favor de estos trabajadores afectados por declaración del estado de alarma ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 alcanzando a 30 de junio un importe de 3.443,66 millones de euros.
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 5.211,08 millones de euros, un 0,72% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 4.248,71 millones y a subsidios y otras prestaciones 962,37 millones, de los que 926,31 millones corresponden a prestaciones familiares y al Ingreso Mínimo Vital, un 13,98% más, importe que corresponde en su totalidad a prestaciones familiares.
El incremento en las prestaciones familiares viene motivado por la mejora en la cuantía de las mismas, establecida por el Real Decreto Ley 8/2019, de 12 de marzo, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo por importe de 291 a 341 euros, o de 588 euros en los casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.
En cuanto a la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital, se ha abonado a los perceptores el importe de 33,42 millones de euros, correspondiente a las prestaciones reconocidas en junio, pero su imputación presupuestaria no se contabiliza hasta el mes de julio.
Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social han experimentado un aumento del 5,2% en gastos de personal, una disminución del 9,86% en gastos corrientes de bienes y servicios y del 22,43% en gastos dedicados a inversiones. Con un decremento global del 0,84% interanual.
El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.
Origen de los datos: sitio web de lamoncloa.gob.es
Ministerio de la Presidencia