La reunión forma parte de una serie de encuentros que desde Igualdad se están organizando con la sociedad civil, asociaciones feministas y organizaciones de mujeres

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto con la Delegada de Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la Directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, se han reunido con diversas asociaciones de lucha contra la trata de personas, como el Movimiento Democrático de Mujeres, Feminicidio.net, Red Gallega Contra la Trata, Red Cantabra Contra la Trata, RedEcofeminista y Liberata, que han asistido en representación de 30 entidades que trabajan con víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

En la reunión, que forma parte de una serie de encuentros que desde el Ministerio de Igualdad se están organizando con la sociedad civil, asociaciones feministas y organizaciones de mujeres, ha habido un amplio acuerdo en trabajar con la sociedad civil organizada para diagnosticar y conocer el alcance de la explotación sexual, de la víctimas de trata y de la esclavitud sexual en España. El acuerdo ha sido amplio también en la necesidad de abordar una Ley de Trata como herramienta fundamental para prevenir y proteger a las víctimas de la esclavitud sexual. Una ley que debe ser impulsada junto a la sociedad civil organizada y en particular con los colectivos que trabajan con mujeres en situación de trata en nuestro país.

El Ministerio de Igualdad ha puesto en valor y reconocido el buen trabajo de las organizaciones en su lucha contra la trata. Las asociaciones por su parte, han manifestado su agrado por las medidas tomadas por el Ministerio de Igualdad durante la crisis sanitaria del COVID-19, como el Plan de Contingencia. En particular han resaltado dos aspectos. Por un lado, la acreditación sociosanitaria para las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, que ha ayudado a que estas personas puedan acceder entre otras cosas al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y por otra parte, han valorado muy positivamente que en el IMV se incorpore a las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, como beneficiarias de esa prestación, animando al Ministerio a continuar ampliando el escudo social para atajar la brecha de la desigualdad.